Editorial, EL CORREO, 30/9/11
La genérica intervención del lehendakari en el pleno dejó sus propuestas en el aire
El debate de política general permitió ayer constatar tanto que la distensión política se ha abierto paso en la confrontación parlamentaria como la renuencia de los distintos partidos a la hora de ponerse de acuerdo. El lehendakari se mostró molesto porque las demás formaciones eludieron las propuestas que avanzó en torno a sus «cuatro compromisos de país»: fomentar el empleo, racionalizar el entramado institucional, preservar el Estado del bienestar y asegurar la convivencia democrática. Pero tampoco podía requerir propuestas alternativas a tan genérico enunciado de intenciones. La promoción de empleo y el mantenimiento de los servicios sociales constituyen prioridades compartidas por el conjunto del arco parlamentario. Pero el hecho de que el lehendakari evitara precisar los términos de su actuación inmediata, remite el debate a la letra pequeña de los presupuestos para 2012. El lehendakari se mostró satisfecho de haber abierto el debate en torno a la fiscalidad. Pero la pretensión de establecer una impronta propia en un tiempo que obliga a avanzar hacia la armonización tributaria a nivel europeo corre el riesgo de acabar dislocándose a causa del distinto color de las diputaciones y del sesgo ideológico de la discusión. Tal como están las cosas lo menos malo sería que, de cara a 2012, la única novedad en los tres territorios forales fuese la recuperación del impuesto sobre patrimonio. Por su parte, la propuesta de posponer el debate parlamentario sobre el informe que el Gobierno debe presentar respecto a las duplicidades de las administraciones vascas para después del 20-N consagra un paréntesis que podría desvirtuar la iniciativa. El desarrollo del debate de política general lo convirtió en un trámite poco trascendente, al que se unía la presencia tangencial de Bildu-Amaiur de la mano de EA y de Aralar. Pero la propia distancia a la que el socio preferente, el PP de Basagoiti, quiso situarse respecto a la ejecutoria del Gobierno de López hace ineludible que tanto el lehendakari como el partido de Urkullu respondan a su invitación para explorar un gran acuerdo en materia económica y fiscal entre las tres principales fuerzas del Parlamento vasco. Un acuerdo que permitiría centrar las políticas públicas para una recuperación sostenida.
ARRIESGADA INICIATIVA
El lehendakari López expuso ayer un decálogo para alcanzar el final del terrorismo «con memoria» incluyendo en él principios inapelables de la convivencia en libertad junto a cuestiones que entrañan indudables riesgos. Su llamamiento a los etarras presos para que «asuman la legalidad penitenciaria», seguido de su propuesta de orientar la política penitenciaria hacia la «superación del ciclo terrorista» contemplando «el acercamiento progresivo siempre y cuando favorezca la reinserción» ofrece una fórmula tan medida conceptualmente como incierta en sus efectos. El problema es que la indicación del lehendakari sea entendida como una oferta susceptible de negociación, como una invitación al trueque de exigencias y condiciones, por parte de quienes ayer mismo, en nombre de Bildu, reclamaron nada menos que la «inmediata desactivación de la política penitenciaria criminal». Algo que, de entrada, subsumiría las decisiones individuales de cada etarra preso en el ritmo que establezca el colectivo disciplinado bajo la pervivencia de ETA y que, a la postre, contribuiría a hacer olvidar que los condenados y procesados lo están por gravísimos delitos que no pueden ser acreedores a una especie de indulgencia ambiental.
Editorial, EL CORREO, 30/9/11