El Correo-PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO Profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU
Ante la enjundia de los problemas que se le acumulan, quizás sería esta la ocasión propicia para que el Gobierno pensase en un adelanto electoral, en su exclusivo y propio beneficio
Que todo un presidente del Gobierno tenga deberes con los que rendir cuentas en septiembre, como si fuera un mal estudiante, resulta verdaderamente sintomático de la situación política que vivimos. Y no es para menos si echamos un vistazo a la lista que nos ocupa: Cataluña, inmigración, Presupuestos y memoria histórica. Ante semejante sumatorio, un Ejecutivo apoyado por 84 diputados en el Congreso lo va a tener difícil no, lo siguiente. Aquí se va a dilucidar si la flor de Pedro Sánchez se mantiene después de mostrarnos cómo resurgió, cual Ave Fénix, de aquel malhadado congreso del 1 de octubre de 2016.
Empezando por Cataluña, como problema sin duda más grave, tendremos como su epicentro mediático la Diada del 11 de septiembre, tradicional fecha utilizada por el independentismo catalán en los últimos años para echarle un pulso político al Estado por el procedimiento, empleado también por los regímenes totalitarios, de acumular manifestantes en la calle. Acabamos de asistir al primer aniversario del ataque yihadista de las Ramblas y Cambrils, que para los independentistas ha dado en una frase –‘No tenim por’, ‘No tenemos miedo’– que utilizaron ya como lema de la manifestación del año pasado, y que han vuelto a utilizar ahora los políticos presos del independentismo para mezclar yihadismo y CNI. Los atentados yihadistas en Cataluña y el ‘procés’ se han solapado así, por parte del independentismo, de modo que el destinatario del ‘No tenim por’ puede ser indistintamente el Estado español o el yihadismo. El lehendakari Urkullu ha dado la pauta de cómo abordar el problema, intentando tender puentes con los sectores más moderados del independentismo catalán, representados ahora –paradojas del ‘procés’– por el republicano Oriol Junqueras. El presidente Sánchez propuso ayer un referéndum sobre el autogobierno (previa reforma del Estatuto), un planteamiento rechazado de plano por Quim Torra.
La inmigración desaforada a la que estamos asistiendo en las últimas semanas es de tales proporciones que todo el mundo es consciente de la necesidad de una política europea común, pero a la que no todos los países están dispuestos a contribuir. Lo que ocurre con los migrantes es que llegan a unas sociedades en las que no todo es trabajar para vivir: también hay unas culturas, unas costumbres, unas maneras de pensar y de convivir que en ocasiones no son las que ellos traen consigo. Entre nosotros la izquierda supo comprender desde muy pronto que, además de las condiciones laborales, están las culturales. Así es como se entiende que en Euskadi y Cataluña los partidos de izquierda hayan sido tan sensibles o más a las singularidades culturales de dichos territorios que a las sociales o laborales, más propias de su ideario. Este tema de la inmigración va a ser por eso, y por su carácter estacional, el más fácilmente gestionable para el PSOE.
El asunto del Presupuesto y el llamado techo de gasto será, en cambio, el que más negociaciones va a exigir entre el PSOE y su principal aliado a la izquierda, como es Podemos. Para ambos la situación de partida no resulta nada cómoda, puesto que tienen que funcionar con las Cuentas del PP, cuya mayoría absoluta en el Senado va a condicionar o al menos dificultar la aprobación de otro presupuesto. Y un nuevo proyecto económico que atendiera los deseos de PSOE y Podemos en cuanto a fiscalidad –ya se habla de subida fuerte de impuestos– y techo de gasto –mayor déficit para romper la austeridad heredada del PP– chocará irremediablemente con partidos más conservadores en lo económico, como el PNV, que fue clave en la moción de censura. Sánchez insistió ayer en que está convencido de que habrá presupuesto.
Y terminamos con el último episodio de ese largo debate sobre la memoria histórica del que los especialistas más serios –Santos Juliá entre ellos– sitúan su origen en la última legislatura de Felipe González, entre 1993 y 1996, cuando ante la posibilidad cierta de un Gobierno del PP –o sea, de la derecha–, se sacó el fantasma que venía guardado en el armario de la Transición desde su mismo origen, y que asimilaba a la derecha española actual con una suerte de sucesora del franquismo y, por tanto, inhabilitada para gobernar en democracia. Los dos ejecutivos sucesivos de José Luis Rodríguez Zapatero afianzaron esa estrategia, con la aprobación de la llamada Ley de Memoria Histórica en 2007. El último episodio de esta corriente ideológico-política lo tenemos ahora con la exhumación que se pretende de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Asunto simbólico donde los haya que se está abordando, a mi juicio, sin la suficiente maduración o, dicho de otro modo, sin sopesar los frentes que se pueden abrir con la solución que se pretende.
Demasiados frentes para un Gabinete que, como sabemos, está sostenido por la más exigua minoría parlamentaria desde que se inició la Transición. En cualquier caso, lo que también es cierto es que el PSOE es el partido ahora mismo mejor situado de cara a un adelanto electoral, como demuestran los últimos sondeos del CIS. Así que, en contra de sus primeras intenciones de querer agotar la legislatura, y ante la enjundia de los problemas que se le acumulan para septiembre, quizás sería esta la ocasión propicia para el Gobierno de Pedro Sánchez de pensar en un adelanto electoral, en su exclusivo y propio beneficio.