Los socios independentistas, con el respaldo entusiasta de Unidas Podemos, como ayer acreditó su portavoz, Pablo Echenique, en la comparecencia de Margarita Robles, han puesto dos condiciones a Pedro Sánchez para no “cargarse” la legislatura. Por una parte, que “rueden cabezas” y, por otra, que el presidente del Gobierno se entreviste con el de la Generalitat para darle las explicaciones que Pere Aragonès le requiera. 

Sánchez, antes o después, va a cumplir con las exigencias de sus tornadizos socios parlamentarios porque no quiere depender en absoluto del PP, como ocurrió el martes pasado en el rechazo a la constitución de una comisión parlamentaria de investigación sobre el caso Pegasus. Aragonès aprieta y ayer le advirtió: “Sánchez está dinamitando la vía del diálogo con su gestión del espionaje”.

La primera cabeza que rodará —pronto o tarde— será la de Paz Esteban López, actual directora del CNI, secretaria de Estado, a la que corresponde “impulsar la actuación del Centro y coordinar sus unidades para la consecución de los objetivos de inteligencia fijados por el Gobierno, asegurar la adecuación de las actividades del Centro a dichos objetivos y ostentar la representación de aquel”, según la ley reguladora del organismo (artículo 9). Y aunque es nombrada por un periodo de cinco años, la norma establece que el Consejo de Ministros tiene la facultad “de proceder a su sustitución en cualquier momento”. Así, expresamente. 

Sobre su comparecencia, hoy, en la comisión de secretos oficiales del Congreso, no cabe albergar demasiadas expectativas porque también la ley del organismo establece líneas rojas. La comisión solo “tendrá acceso al conocimiento de las materias clasificadas, con excepción de las relativas a las fuentes y medios del Centro Nacional de Inteligencia y a aquellas que procedan de servicios extranjeros u organizaciones internacionales (…)”.

Por su parte, “los miembros de la comisión correspondiente estarán obligados, en los términos del Reglamento del Congreso de los Diputados, a guardar secreto sobre las informaciones y documentos que reciban. Una vez examinados los documentos, serán reintegrados al Centro Nacional de Inteligencia para su debida custodia, sin que se puedan retener originales, copias o reproducciones”. 

Estos son los términos de la comparecencia secreta, hoy, de la directora del CNI que, es obvio, no satisfarán en absoluto ni a ERC, ni a Bildu, ni a la CUP, ni siquiera a Unidas Podemos, de modo que redoblarán la petición de que “rueden cabezas”, y la de Paz Esteban ya no será salvable.

Sí la de Margarita Robles, porque resultaría —incluso para Sánchez, que tiene amplias tragaderas— una crisis de Gobierno en plena invasión de Ucrania, en la que España está implicada a través de Defensa con el envío de material armamentístico, y porque estamos a menos de dos meses de la cumbre de la OTAN en Madrid (28 y 29 de junio). También porque la ministra es la interlocutora de sus pares europeos y tiene prevista una visita al Pentágono el próximo día 19.

Ahora bien, no saldrá indemne: se baraja desde hace varios días que el presidente del Gobierno —como hizo Mariano Rajoy— retire a la titular de Defensa las competencias sobre los servicios de Inteligencia. La ley que los regula establece en la disposición adicional tercera que “se autoriza al presidente del Gobierno para modificar, por real decreto, la adscripción orgánica del Centro Nacional de Inteligencia, prevista en el artículo 7.1 de esta ley. El departamento al que se adscriba el Centro ejercerá las competencias que, en relación con el mismo, atribuye esta ley al Ministerio de Defensa y a su titular”.

¿Satisfaría a los independentistas esta disminución de competencias de Robles además del cese o renuncia de la directora del CNI? Oyéndola en su comparecencia, cabía preguntarse qué hace una ministra como ella en un Gobierno como este. Van a por ella porque han encontrado la mejor ocasión de acosarla —y eventualmente, derribarla— en un asunto de su competencia mal gestionado sin paliativo alguno.

Como ayer informaba El Confidencial, en la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno se prevé un departamento de seguridad dependiente del secretario general de la Presidencia, al que corresponde textualmente “la protección del personal, edificios e instalaciones del Complejo de la Moncloa, así como las funciones y actuaciones necesarias para la seguridad integral del presidente del Gobierno y otras personas e instalaciones que determine la persona titular de la Dirección del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, en coordinación con el Ministerio del Interior”. 

Cuando se produjo la intrusión en las terminales del presidente —mayo de 2021—, el responsable último de la ‘seguridad integral’ de Pedro Sánchez era, precisamente, Félix Bolaños. En rigor, tendría que asumir las correspondientes responsabilidades porque en el concepto de seguridad integral se incluyen medidas para evitar las agresiones como la de Pegasus u otros procedimientos de espionaje (*).

Sin embargo, los socios parlamentarios de Sánchez no solo no piden la cabeza de Bolaños, sino todo lo contrario, porque es un político maleable y adaptable a sus propósitos y a los del presidente. Le protegen porque les resulta un ministro cómodo en Presidencia, un tanto torpe —véase la rueda de prensa del lunes— y por eso queda, además de absuelto de toda responsabilidad, seguramente reforzado si, como ya se barrunta, el CNI pasa a depender de su ministerio con sede en el complejo de la Moncloa. A los socios del Gobierno y a Unidas Podemos no les ha podido venir mejor la inédita rueda de prensa del pasado lunes. Tuvo la extraña virtud de empeorar la situación gubernamental. 

Mañana, Pedro Sánchez estará en Barcelona en un acto del Círculo de Economía en el que coincidirá con Pere Aragonès, ocasión para cumplir con la segunda condición de los independentistas: una entrevista entre ambos en la que el presidente del Gobierno explique y se disculpe. Y a partir de que todo esto ocurra, se intentará continuar la marcha errática de la coalición, a la que incluso el sondeo de ‘El País’ y la SER le augura un notorio fracaso si hoy se celebrasen elecciones generales: mayoría absoluta de las derechas.

(*) Pedro Sánchez ha dictado dos decretos de estructura orgánica de los servicios de presidencia. Uno en enero de 2020 y otro en julio de 2021. En ambos es idéntica la misión del departamento de seguridad y en ambos se hace depender del secretario general de la Presidencia del Gobierno. El primero, con Bolaños y el segundo, con el actual, Francisco Martín Aguirre.