Editorial, EL CORREO, 1/8/12
Las formas empleadas por Cataluña y Andalucía no favorecen el entendimiento
La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera quedó ensombrecida ayer al conocerse que el Gobierno de Cataluña había decidido no acudir al encuentro y después de que la consejera de Hacienda andaluza, Carmen Martínez Aguayo, abandonara la reunión una hora después de que se iniciase. Aunque pudiera entenderse que las comunidades recibieran el mismo trato que el Gobierno de Bruselas con la flexibilización del déficit, ausencia y abandono son impropios de la responsabilidad con la que han de conducirse las instituciones del Estado en las relaciones que mantengan entre ellas, especialmente cuando éstas adquieren forma orgánica. El consejero catalán, Andreu Mas-Colell, ya había adelantado tal eventualidad tras la reunión del citado Consejo del pasado 12 de julio, al criticar que no se trataba de un órgano de debate y consenso. Aunque el mensaje que pretendía trasladar su ausencia es que la Generalitat no está dispuesta a subsumir la defensa de sus intereses en un foro que diluya la bilateralidad que pretende respecto al Gobierno central. Por su parte, que la consejera andaluza abandonase la reunión al día siguiente de que Griñán se mostrara positivo tras su encuentro con Rajoy no solo refleja decepción sino que constituye un gesto destinado a imputar a la Administración central toda la responsabilidad sobre los ajustes que dicte. La actitud adoptada por Cataluña y por Andalucía pesó en el desarrollo de la reunión convocada para fijar los límites de deuda en el período 2013-2015. El Gobierno tiene sobradas razones para estar preocupado ante los datos de déficit público durante el primer semestre, aunque oficialmente los presente como positivos. El incremento de los costes del desempleo, los anticipos a la Seguridad Social y a otras administraciones, y el aumento en un 33% de los intereses por deuda pública respecto al ejercicio precedente obligan a redoblar esfuerzos. El Ejecutivo se enfrenta a una disyuntiva endiablada: o impone, gracias a las atribuciones que le concede la nueva normativa presupuestaria, el marco de deuda y déficit acordado en la reunión de ayer del CPFF, o se aviene a matizarlo negociándolo comunidad por comunidad. La primera opción realzará discrepancias que afectarán a la credibilidad de España, la segunda debilitará la autoridad del Gobierno central.
Editorial, EL CORREO, 1/8/12