EL CORREO 03/09/13
JOXAN REKONDO, EXALCALDE DE HERNANI
La referencia al derecho a decidir es una constante en estos tiempos que vivimos. No sólo como reflejo local de un tema de plena actualidad, que en lo que a Cataluña se refiere es motivo de negación radical y para Escocia, sin embargo, de reconocimiento. Hay también otros factores. Primero, porque en Euskadi es ya un lema clásico. Y segundo, porque la demanda de poder para decidir es una reacción social casi natural ante la cada vez mayor separación entre los centros de decisión política y el pulso popular.
Aun así, la idea del derecho a decidir se desenvuelve entre paradojas. Por ejemplo, en este tiempo de crisis integral hemos podido descubrir dos aspectos muy importantes referidos a las decisiones políticas. A saber, que cada vez se exige más de éstas, aunque en muchos casos nos resulte complicado identificar dónde reside la responsabilidad exacta de esas decisiones, a menudo tomadas de manera interconectada entre agentes políticos diversos y lejanos entre sí.
Esto es consecuencia de la compleja convivencia de diferentes instituciones en un orden político internacionalizado (Europa) con una distribución del poder a diferentes niveles, que funcionan con procedimientos que combinan dispositivos de auto-decisión, co-decisión y hetero-decisión. Pese a que este marco limita su operatividad como derecho, pocos defensores del derecho a decidir lo cuestionan. Al precio de aumentar la equivocidad (o el desajuste) del término con la realidad, según algunos de los que lo critican, al menos cuando a partir de la demanda de aquel derecho se quieren canalizar expectativas políticas concretas.
Frente a esto, ¿no es preferible el realismo político de la vieja posición vasca que tal y como la vindicaba el lehendakari Aguirre, respondía a «nuestra tradición jurídica del pacto y al respeto debido a la voluntad popular libre»?
Esta vía pactista, consciente de que nuestro futuro no depende únicamente de nuestras propias decisiones, recurrió también a la voluntad popular como barrera. Inevitablemente, instituciones u organismos extraños (del ámbito político, económico o cultural) deciden y decidirán cosas que nos afectan y afectarán. Pero, «que nada que sea contra la voluntad popular nos sea impuesto», replicaría el primer lehendakari. Se entrevé aquí la antigua huella del pase foral. El recurso a este principio no quita ni pizca de determinación al protagonismo de la voluntad democrática, expresada como respaldo en unas ocasiones u oposición en otras.
Se habla de unidad vasca en lo político y de subordinar el debate social y económico a las exigencias del batasuna político. Ahora bien, si se trata de que el presente y el futuro estén principalmente (ya que en la jungla en la que vivimos no es posible que lo estén absolutamente) en nuestras manos, sería un error fiarlo todo al decisionismo político y desatender los ámbitos de la sociedad civil y la economía. Es posible que nunca lo haya tenido, pero hoy está muy claro que la política, a la vez que se dispersa en múltiples niveles, no se desempeña por el poder público en régimen de monopolio, sino como gobernanza e interacción (a veces se le culpa de subordinación) con la economía y la sociedad.
Además, el que nuestro porvenir como pueblo dependa solamente de la consecución de poder político nos dejaría totalmente a merced de los aciertos (avances) o fracasos (retrocesos) que se originaran en ese ámbito. En cambio, al margen de los vaivenes de la política, la identidad vasca (y la mayor capacidad de decisión) podría ser bien preservada en un escenario en el que confluyan una sociedad civil fuerte desde lo local y un modelo económico propio desde la empresa, muy identificada con su entorno social y territorial. Nada nuevo, se trata de ser fieles a lo que hemos sido. «Los pueblos de nuestra región, con alto potencial de trabajo, con fuerte sentido asociativo, con el no pequeño sentido común y práctico que caracteriza al pueblo vasco y con una fecunda riqueza de pequeñas y grandes instituciones comunitarias con los objetos sociales más diversos», como diría Arizmendiarrieta en una sugestiva definición. Perdida esta característica, el proyecto político que busca apuntalar un ámbito propio de decisión carecería de la solidez necesaria para poder confiarse en su éxito.
En definitiva, nuestro futuro nos demanda la adopción hoy de decisiones políticas, sociales y económicas proactivas. Reclamar hoy decisiones plebiscitarias (y relegar lo no estrictamente político) es un ejercicio de vana efer vescencia, cuando lo que necesitamos es un compromiso sostenido por el país, que formule un discurso y una acción internos en una clave de resurgimiento que sea útil para las personas, las familias, el tejido asociativo y las empresas.
Esto sí que exige una Unión Vasca liderada por el lehendakari como máxima autoridad institucional, pero a la que cabría convocar a todas las fuerzas vivas. Con la condición de no aplazar nada y entrar a todos los debates, el país avanzaría en todos los ámbitos. En lo político, se fortalecería el autogobierno y las instituciones ganarían en legitimidad si son capaces de liderar amplias alianzas para afrontar los problemas más graves con éxito. En lo económico, las empresas ganarían en competitividad sin desvincularse del territorio y sus personas, y favorecerían a la vez la cohesión social. En lo social, la contribución del capital social en la gobernanza del país salvaguardaría a la identidad social colectiva del riesgo de que sea malversada por la política o disuelta en manos del mercado.