EL MUNDO – 07/04/16 – CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
· Oigo a Ada Colau en Onda Cero, entrevistada ayer por Carlos Alsina, y vuelvo a escuchar los mismos tópicos y lugares comunes sobre la supuesta actitud «arrogante» y de «desprecio» del Gobierno hacia Cataluña.
Seguramente, Rajoy no pueda ser utilizado como un modelo por su forma de abordar el problema de Cataluña. Pero lo que no se puede es ignorar la realidad. Las caricaturas siempre restan credibilidad a los argumentos, cuando no revelan su escasez.
Ayer contaba en estas páginas Carlos Segovia cómo el Banco Central Europeo ha excluido a Cataluña de su programa de compra de deuda. Ada Colau o Puigdemont pueden apuntarles en su particular lista negra, pero Mario Draghi no ha actuado por catalanofobia, sino que ha utilizado un criterio objetivo –las principales agencias de rating han calificado a sus bonos como basura– para situar a la Generalitat fuera del circuito financiero.
A principios de mes de marzo, el conseller de Economía y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, llamó alarmado al ministro de Economía, Luis de Guindos ante la eventualidad de que Standard and Poor’s (S&P) situará la deuda catalana bajo la consideración de selective default (impago selectivo). La amenaza de S&P tenía como origen la no devolución de un crédito de 100 millones que la Generalitat tenía contraído con el BBVA, y que llevaba meses generando intereses de demora.
Junqueras no sólo pretendía que el ministro le ayudara a desbloquear la autorización necesaria del Gobierno central para trasformar esa deuda a corto plazo en deuda a largo plazo, sino, más importante aún, para que movilizara sus influencias ante S&P para evitar que la deuda de la Generalitat entrara en el peligroso rango de selective default.
El asunto era mucho más grave de lo que apareció reflejado en los medios tras la entrevista que se produjo en el aeropuerto de Barcelona entre Junqueras y Guindos el pasado 7 de marzo.
Una parte de la deuda bancaria que tiene la Generalitat contiene unas cláusulas de lo que se denomina default cruzado, que implican que, si se produce un impago, automáticamente otros acreedores pueden reclamar el desembolso de sus préstamos.
En resumen: de no haberse producido la intervención del Gobierno, la Generalitat hubiera tenido que declarar el impago de su deuda ante la imposibilidad de hacer frente a esas cláusulas de reembolso. Una quiebra en toda regla que no sólo hubiera sido nefasta para la imagen de Cataluña, sino también para la credibilidad de España.
Afortunadamente, las gestiones del Gobierno dieron resultado y, finalmente, el 18 de marzo, S&P situó la deuda de Cataluña en la categoría de bono basura (B+) con «perspectiva negativa» (como la de Ruanda), pero eludió colocarle el humillante cartel de selective default.
No se puede decir, por tanto, que el Gobierno haya tenido una actitud «arrogante» o de «desprecio» hacia Cataluña, sino todo lo contrario. Así lo demuestran los datos sobre su situación financiera. De una deuda total de 64.000 millones de euros, 43.000 se corresponden con créditos del FLA (mecanismo puesto en marcha por este Gobierno del PP), concedidos a un interés del 0%. La cuestión no es sólo el coste financiero que tendría la Generalitat de no haber existido el FLA, sino que no hubiera encontrado a ninguna entidad dispuesta a financiarla.
Además, conviene saber que lo más probable es que la deuda del FLA no se pague nunca, con lo que se habrá producido una transferencia de fondos hacia Cataluña que supera con creces el cálculo de las llamadas balanzas fiscales.
Si de algo no se puede acusar a este Gobierno es de haber ahogado financieramente a Cataluña.
EL MUNDO – 07/04/16 – CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO