La mejor forma de combatir una mentira es con la correspondiente verdad. Es una obviedad, lo sé, pero ahora mismo, en este oficio, tenemos que invertir mucho tiempo en decir explícitamente que el agua moja y, después, en defender tal axioma frente a un montón de relativistas morales (expertos por ciencia infusa en ética periodística) que pretenden convertirlo en anatema con sus «depende» y con sus «según quién». Desde que La Verdad no es eso a lo que aspiramos a acercarnos lo máximo posible de manera desprejuiciada y honesta y cada uno tiene la suya particular e intransferible (y que ni el viento la toque porque podría ofenderse muchito) esto es un carajal. Así que no sorprende que la esposa del hombre más preocupado por los bulos y la desinformación opte porque su defensa no sea la exposición pública de la verdad incuestionable sino el negarse a contestar. Está en su derecho, como investigada (ese eufemismo para evitar ver escrito en los papeles aquello tan faltón de ‘imputada’) puede acogerse a él, pero si todo es bulo y maledicencia, como vienen sosteniendo tanto ella como todos los miembros del Ejecutivo (uno tras otro convertidos en abogados defensores al servicio de una ciudadana de infantería sin cargo ni relevancia institucional) lo suyo sería demostrarlo por vía de urgencia: exhibir lo indiscutiblemente cierto. Pero, por lo que sea, Begoña Gómez prefiere seguir una línea de defensa procesal y no material. Es decir, prefiere que no haya caso por defectos en el procedimiento que porque quede meridianamente claro que aquello de lo que se le acusa es absolutamente falso. Se me ocurren dos motivos para esto: uno es que no esté tan segura (o no lo esté su abogado) de que sea realmente falso todo o parte. O que, de no serlo (todo o parte), no sea tan sencillo, por lo que sea, demostrar tal falsedad. La otra es que, a la vista del exitazo del caso de los ERE, a los que les ha salido redonda la jugada de enarbolar la vulneración de su derecho de defensa ante el Tribunal Constitucional (al amparo de los artículos 24 y 25), haya estimado más seguro ese camino. Y, ante esto, haría bien el juez Peinado en ser absolutamente escrupuloso y evitar andar tan en el filo, tan rozandito la investigación prospectiva, que vulnera el principio acusatorio y el derecho a la defensa. Entre esto, que la acusación popular esté en manos de intereses que no siempre son identificables con el general, y con la Fiscalía defendiendo a la procesada, quien debería personarse como acusación particular en calidad de perjudicado es la Complutense. Pero lo que anda haciendo, en lugar de presentar la debida querella por apropiación indebida, es responder a los oficios del juez con lamentos y mohínes (que si Begoña no colabora, que si no aclara). Cualquiera diría que en lo que andan es en lanzarle miguitas tramposas al juez a ver si, por una de aquellas, se descuida, se le va el pie y, sin la correspondiente querella, se pone a investigar pisando la línea de lo prospectivo y para qué quieres más. Ya lo tendríamos, envuelto para regalo: Game Over.