La Audiencia de Madrid propinó ayer un revés al Gobierno al negarse a archivar la investigación sobre Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, como pedían la imputada y la Fiscalía. El auto permite al juez Juan Carlos Peinado, cuya actuación presenta aristas censurables, continuar las pesquisas sobre la cátedra universitaria creada para la esposa del presidente y sus relaciones con un empresario que recibió contratos públicos tras escribirle cartas de recomendación. Escaso consuelo suponen para el Ejecutivo que quede fuera de la causa el rescate a Air Europa y el tirón de orejas del tribunal al instructor -cuyo trabajo avala en lo sustancial- por querer remontarse a la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. El comportamiento de Gómez es insólito entre quienes la han precedido y, cuando menos, poco estético, aunque resulta muy cuestionable que constituya delito y que, en tal caso, pudiera probarse. Es hora de dejar trabajar a la Justicia. Y de que la interesada y el Gobierno arrojen por fin luz sobre unos hechos que alimentan sospechas en vez de aferrarse al guion de tinte populista de atacar al juez y atribuir sus problemas a la «máquina del fango».