KEPA AULESTIA, EL CORREO – 13/09/14
· Mas y Rajoy coinciden en algo: parecen dos políticos en retirada que pasan la patata caliente a quienes les sucedan.
· Los acontecimientos apuntan a la ruptura, cuando sea, porque el entendimiento ha caducado.
La demostración soberanista que ha acaparado la Diada estos tres últimos años ofrece una de las imágenes que pueden representar a Cataluña: el ascenso del independentismo que tiende a orillar a todas las demás expresiones políticas e inquietudes sociales de dicha comunidad. La otra imagen insistente es la de dos plataformas ciudadanas –la Asamblea Nacional y el Ómnium Cultural– ocupando el espacio político desde que Artur Mas sumase al gobierno de la Generalitat y a CiU a la corriente independentista que tomó las calles de Barcelona el 11 de septiembre de 2012. Tanto que decidió ‘quemar las naves’ en aquel envite de pacto fiscal o nada ante Mariano Rajoy, para convocar una elecciones anticipadas que escoraron la Cámara catalana hacia el independentismo sin que la suma del nacionalismo se incrementara. Hoy el presidente de la Generalitat se enfrenta a una situación análoga: no cuenta con otro instrumento legal que la convocatoria anticipada de autonómicas.
Todo sucederá en septiembre. La Ley de Consultas será suspendida cuando el Gobierno Rajoy la impugne ante el Constitucional. Días después de que Pujol Ferrusola declare en la Audiencia Nacional y su padre comparezca ante el Parlamento autonómico. En ese momento, Artur Mas deberá enfrentarse a una única disyuntiva: postularse o no como candidato a las elecciones que inexorablemente tendrá que convocar. Sus palabras de ayer dejaron claro que no se ve en condiciones de empeñarse en realizar una consulta invalidada previamente. El argumento de que en tales condiciones su resultado no sería admitido fuera trata de conectar con lo que quede de pragmatismo en la marea soberanista. Dejar que la legislatura transcurra hasta 2016 sería tanto como gobernar sobre el caos. Aunque por ahora solo Ciutadans reclama comicios autonómicos.
Las elites dirigentes en Cataluña se aprestan a verse relevadas por no se sabe qué o quiénes. Además, a la dificultad de un desenganche pretendidamente inocuo respecto al Estado constitucional se le ha unido el ‘escándalo Pujol’. El caso invita de tal forma a la revisión histórica del autogobierno catalán, que ni siquiera permite jugar al victimismo. Y no son pocas las voces que parecen desprenderse de Pujol considerándolo como una adherencia española, intrigante y corrupta. Habría una sana aspiración a la independencia que nada tendría que ver con un señor y una familia que habría hecho negocios turbios gracias a su entendimiento con Madrid. Es una versión que condena a Convergencia y a Unió a la retirada precautoria o al desastre electoral.
La Historia se escribe también con minúsculas. Mariano Rajoy nunca ha pretendido que su nombre quedara en los anales como artífice del encaje definitivo de Cataluña en la España europea. Le basta con limitar los daños recreando la idea de que España solo puede hacer frente a sus retos sin moverse demasiado; argumento para el que la crisis le viene ni que pintada. Le basta con esperar a que la razón legal genere frustración entre quienes el jueves se prestaron a formar la gran V en Barcelona.
No habrá votación el 9 de noviembre. Es algo que ya sabían quienes alentaron la Diada soberanista. Pídanles explicaciones a ellos. Pero el Gobierno Rajoy no puede celebrar la estampa de un Artur Mas balbuceante al referirse a la consulta como si se tratara de un ‘éxito de Estado’. Porque es evidente que el conflicto está enmudeciendo también al Ejecutivo Rajoy. La frustración del otro o de los otros nunca es una conquista, y mucho menos definitiva. Porque la frustración genera siempre cuentas pendientes. Claro que Rajoy puede remitirlas a quienes le sucedan. La conversión de la consulta pretendida para el 9 de noviembre en una cita plebiscitaria que conforme un Parlamento aun más soberanista puede acabar siendo frustrante. Claro que Mas ya lo deja para quienes le releven.
En el reparto de responsabilidades y culpas que podrían derivarse de un juicio político, es evidente que la huida hacia ninguna parte protagonizada por el nacionalismo gobernante en Cataluña merece un reproche sin paliativos, porque llegado el momento –la Diada de 2012– rehusó continuar sirviendo de dique de contención y de puente. Pudo haberse pronunciado así dos años antes, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Pero lo hizo cuando ya era tarde para que Convergencia pudiera seguir llevando el timón de los acontecimientos. Jordi Pujol se ausentó de la Diada en un éxodo más que elocuente. Sus secretos son causa suficiente para que el independentismo tienda a barrer el pasado del engarce constitucional de la Generalitat como si tratase de un régimen connivente con España por interés.
La amnesia es el signo de los tiempos. Como si la Cataluña interesada, todavía la de las elites actuales, tuviera que dar paso a una Cataluña desinteresada y comprometida en su liberación por una cuestión de principios. Hasta Artur Mas se reencarnó, olvidadizo, cuando el pasado 4 de septiembre advirtió a los empresarios catalanes que «la libertad tiene un precio y el no tenerla también». A los mismos empresarios que durante años habían abonado un tanto por ciento para sacar sus negocios adelante.
En el reparto de responsabilidades y culpas, Rajoy, su gobierno y su partido cuentan con la inestimable ventaja de su remisión permanente a la legalidad. No solo se trata de una razón moral incuestionable en términos democráticos. Constituye también una poderosa razón política capaz de disuadir al Gobierno de la Generalitat de continuar con la cantinela del 9 de noviembre. Pero la victoria anunciada de la legalidad frente a la desobediencia es insuficiente para eximir al presidente Rajoy de la responsabilidad contraída al no prever ni tratar de remediar la deriva independentista en Cataluña.
Claro que ahora el desvarío es tan colosal que resulta muy difícil pedirle cuentas sin incurrir en la demagogia del «haga algo». Ya es demasiado tarde. No queda otro remedio que dejarse llevar por acontecimientos que están legalmente tasados. Acontecimientos que apuntan a la ruptura, cuando sea, porque el entendimiento se da por caducado.
KEPA AULESTIA, EL CORREO – 13/09/14