Del 9-N a la independencia

Algunos ejemplos de esta normalidad han sido la presencia de Junqueras en una mesa electoral y recontando votos, la existencia en los colegios electorales de defensores de la independencia haciendo propaganda el mismo 9-N o la aparición de observadores internacionales con bufandas independentistas al cuello. También ha podido saberse que los votantes tenían que incluir en el mismo sobre donde respondían a las preguntas planteadas por Mas su número de DNI, para asegurarse de que no se votaba varias veces. Todo ello, sin ningún tipo de garantía sobre el destino de los datos allí consignados, como ocurre en el voto por correo. Estamos acostumbrados a que los gobiernos, en ocasiones, nos tomen el pelo, pero los ciudadanos también tendrían que saber que la democracia es una cosa seria.

En verdad, estos últimos lo han tenido difícil. No es fácil sustraerse en Cataluña, desde hace años, a la presión mediática e ideológica que los nacionalistas han realizado por tierra, mar y aire. Ocurre que en los últimos meses esa presión se ha transformado en coacción directa a los individuos. Empezó la cosa con miles de visitas de voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana a los domicilios, encuestando sobre la independencia y resolviendo dudas sobre la consulta. Continuó el esperpento con la organización de llamadas masivas a teléfonos particulares para convencer a los ciudadanos de que fueran a votar, a cuya cabeza se puso el propio portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs (¡dónde ha quedado el derecho fundamental a la protección de datos!). Y terminó la campaña con una orden de la Generalitat para que los medios privados realizaran anuncios de la consulta del 9-N, lo que vulnera el principio de neutralidad de los poderes públicos establecido en el art. 16 de la Constitución.

Como se sabe, el resultado de la consulta, ha sido considerado por sus impulsores como un éxito. El CEO (CIS catalán) había pronosticado una participación del 80%. Sin embargo, el porcentaje final de esta, sobre el presunto censo de mayores de 16 años ha quedado reducido a un 36,6%. El número de votos favorables a la independencia de Cataluña es, siempre según los organizadores, de 1.861.753 (80,76%), cifra que apenas logra aumentar la suma de votos conseguida por CiU, ERC y la CUP en las elecciones autonómicas de 2012. Nada se dice, poco se sabe, de los terceristas que quieren que Cataluña sea un Estado dentro de España, pero no independiente, lo que demuestra que el invento de las dos preguntas de Mas estaba destinado a sumar al carro del derecho a decidir a los despistados (PSC) y los oportunistas (Iniciativa). Sea como fuere, en la televisión pública catalana y en los medios subvencionados, se afirma sin descanso que la participación fue multitudinaria; algunos tertulianos señalan incluso que la revolución es inminente e imparable.

Pero no hay que engañarse. El hecho de que la participación haya sido modesta y de que el independentismo no parezca romper electoralmente, no implica que la consulta de Mas no haya sido un triunfo. Lo es en cuanto supone la quiebra de la democracia y el Estado de Derecho en España. Sabemos que nuestro sistema institucional se pudre como consecuencia de la corrupción y la desafección ciudadana, pero lo ocurrido en Cataluña el 9-N supone un salto cualitativo: por primera vez, un poder del Estado hace caso omiso clara y explícitamente de una decisión del Tribunal Constitucional (TC).

El art. 9.1 de la Constitución, que señala que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a ella y al resto del ordenamiento jurídico, ha sido y es, probablemente, la norma más importante de la historia del constitucionalismo español. Pues bien, la celebración de la consulta pese a la suspensión del TC supone el primer acto importante (de soberanía) del Gobierno de Mas en la consecución de la independencia. Y lo es porque la Generalitat ha dejado sin efecto el art. 9.1 en Cataluña y el Gobierno de Rajoy apenas se ha inmutado, como cabía esperar. Una vez se da entrada a la vía de hecho en la política, cualquier acto puede esperarse por parte de unos poderes públicos que solo tienen el límite de su propia voluntad.

La consulta realizada puede tener un efecto paradójicamente peligroso en este contexto fáctico. El secesionismo que lidera Mas se ha percatado de que los números no salen. Por ello puede salir más rentable realizar unas elecciones plebiscitarias donde lo que se cuenten sean diputados y no votos, que serían más difíciles de interpretar dada la ambigüedad de partidos como el PSC o Iniciativa, y después hacer una declaración unilateral de independencia en el Parlament. Esta podría coincidir con cambios sustanciales en el panorama político español durante 2015, donde la fuerza política que empieza a liderar la intención de voto (Podemos) pretende plantear un nuevo proceso constituyente si hacemos caso de las declaraciones de algunos de sus líderes. En otras palabras, si Rajoy no hace algo rápido y trata de resolver la cuestión catalana antes de acabar el mandato, España se aproxima a una tormenta institucional perfecta de consecuencias verdaderamente imprevisibles.