El proyecto de reforma de pensiones y las fuertes movilizaciones en su contra que han surgido desde hace varios meses han aparecido, para muchos, como un nuevo episodio de la eterna “excepción francesa”. Error: confirman, por el contrario, que la batalla política y social para salir de la crisis pandémica y volver a la “normalidad austera” está en marcha en Europa. Al volver a la obsesión paramétrica de un aplazamiento de la edad de jubilación y a la única antífona financiera de equilibrar el presupuesto del sistema, en realidad, la inmensidad de las necesidades colectivas insatisfechas y la urgencia de un nuevo pacto social y ecológico es lo que se está ocultando por completo. Las crisis de la última década han demostrado que las mismas políticas aplicadas por los gobiernos nacionales y la propia Unión Europea han contribuido al desmantelamiento de los sistemas sanitarios, de los servicios públicos, del Estado social, del medio ambiente y de la soberanía en toda Europa.

Sin embargo, estas crisis europeas están creando una situación sin precedentes, un impulso político crucial, del que las elecciones europeas del próximo año serán un resultado esencial. En efecto, la sociedad civil y las fuerzas políticas progresistas conseguirán aprovechar las lagunas abiertas en el “consenso de Maastricht” para reorientar a la Unión Europea hacia una transición climática justa y democrática o, por el contrario, las fuerzas conservadoras lograrán reanudar las políticas desreguladoras y de austeridad y agravarán las actuales desigualdades ecológicas y sociales y las tensiones democráticas. A pesar de la comunicación, la tecnocracia europea, aliada, ahora, con las consultoras y que toma prestadas las herramientas de gestión cortoplacista, no está a la altura de este impulso. Las promesas de una nueva planificación, preconizadas por una Administración proempresarial, no iniciarán el giro de 180 grados que exige la crisis climática. Por lo tanto, es hora de recuperar la mano democrática sobre este “consenso de Maastricht”.

Al abogar por un presupuesto europeo real y sostenible para la transición climática y social, un impuesto europeo sobre la riqueza, un impuesto sobre los beneficios de las multinacionales y una democratización de la Unión, este manifiesto pretende federar las fuerzas del progreso en torno a una perspectiva política transnacional e imponer una agenda ecológica, social y democrática en la próxima legislatura europea (2024-2029).

La acumulación de crisis sanitarias, climáticas y geopolíticas ha obligado a la Unión Europea, en los últimos tres años, a desarrollar medidas anticrisis urgentes y sin precedentes para abrir brechas en el “consenso de Maastricht”:

Un préstamo común ha demostrado, por primera vez en la historia, lo que puede prometer la solidaridad europea. Un plan de recuperación de 750.000 millones de euros (NextGenerationEU) le ha devuelto la capacidad de acción a una Europa que llevaba demasiado tiempo encerrada en la austeridad; debemos luchar para que sea permanente, para que aumente su cuantía, para que se reoriente de forma seria y sistemática hacia la lucha contra el cambio climático y para que todo este gasto se someta a un control democrático mediante una transparencia radical.

El Pacto de Estabilidad, ley neoliberal europea que pesaba sobre las políticas presupuestarias de los Estados miembros, ha quedado en suspenso y se abrió un debate sobre su revisión con el objetivo de devolverles margen de maniobra a los Estados e integrar en él objetivos medioambientales y sociales; las inversiones sociales y medioambientales europeas deben salir de los balances presupuestarios contables.

El Semestre Europeo, dispositivo central del Pacto que, desde hace 10 años, les impone una “condicionalidad” a los Estados miembros y limita su margen de maniobra política, también fue objeto de debate: los eurodiputados defendieron una cuantificación diferente del gasto europeo en materia de salud, educativa, social y cultural. El Semestre Europeo podría convertirse, así, en un instrumento social de pleno derecho, con indicadores relacionados con la aplicación de los principios de la base europea de derechos sociales, con la calidad del empleo, con la convergencia social, con la igualdad de oportunidades, con la protección social, con la educación y con la inversión en la infancia y la juventud.

La sacrosanta y destructiva política de competencia europea fue descartada y cuestionada por primera vez en 40 años. La crisis ha demostrado que las ayudas estatales y el dinero público son necesarios para la supervivencia del tejido económico. Los nuevos “proyectos importantes de interés común europeo”, que, ahora, permiten subvencionar todo tipo de grandes proyectos innovadores, validan un punto de inflexión. Cuando los “fallos del mercado” y los retos sociales requieren financiación pública, una nueva capacidad de intervención debe satisfacer la exigencia. Hay que sistematizarlos e imponer opciones audaces, cosa que sólo los poderes públicos pueden asumir.

Se creó un mecanismo de seguro de desempleo (SURE), en forma de préstamo social europeo garantizado por todos los Estados miembros, que sienta las bases de un sistema europeo de Seguridad Social y muestra el camino hacia políticas sociales ambiciosas, cuando los Estados son los únicos que se empeñan en desbaratarlas a nivel interno. También, en este caso, han surgido, a raíz de la crisis, soluciones inéditas, antes condenadas por la TINA (siglas en inglés de There is no alternative, no hay alternativa, como expresión del liberalismo de Margaret Thatcher): estas medidas abren la brecha hacia una Europa social protectora y ambiciosa y hacia el establecimiento de una auténtica “garantía europea de empleo”.

La guerra en Ucrania ha evidenciado lo absurdo de nuestras redes de suministro energético y el plan europeo Repower EU trata de reconducirlas urgentemente. Hay unanimidad en cuanto a que, ahora, hay margen para financiar masivamente energías limpias y renovables, por razones medioambientales, por supuesto, pero también para recuperar nuestra soberanía y sacarnos de la dependencia estratégica de Rusia y de todas las autocracias productoras de combustibles fósiles.

Hay que volver a poner en la agenda el Nuevo Pacto Verde que se lanzó en 2019, aunque se haya visto socavado por la crisis de la covid y por la guerra en Ucrania: en la agricultura, en la industria europea, en el transporte… En manos de la agroindustria, de las multinacionales y de las finanzas greenbash (negacionistas climáticos) no será posible alcanzar el objetivo de neutralidad en carbono en 2050. La Agencia Europea de Medio Ambiente ya advierte que la Unión tendrá dificultades para cumplir sus compromisos de reducción del 55% de gases de efecto invernadero para 2030.

Estas medidas anticrisis, por muy interesantes que sean, no son permanentes ni sistemáticas ni están asociadas con un control democrático a profundidad. Se las han arrancado a los gobiernos de los Estados miembros en medio de tormentas y temores, pero con la condición de que sean unos one shot, respuestas puntuales y temporales ante la crisis. Sin duda, sientan precedentes al abrir el abanico de posibilidades, pero están lejos de estar a la altura del desafío. Su volumen no deja de ser limitado. El plan de recuperación estadounidense incluía 1,9 billones de dólares: el 10% del PIB estadounidense. Para Francia, las ayudas europeas sólo representan el 1,6% de su PIB en cuatro o cinco años; para Alemania, el 0,8%; para España e Italia, los mayores beneficiarios, alcanzan el 5,6% y el 3,8% del PIB en cinco años.

Para salir de este excepcionalismo y de las puertas cerradas de las burocracias europeas, la Unión Europea debe dotarse de un presupuesto real. Para ello, debe renovar sus instituciones democráticas. No taxation without representation (no a los impuestos sin representación).

A la par del Parlamento Europeo, debe crearse una Asamblea Europea de Parlamentos nacionales. Pues solo la alianza de los parlamentarios europeos y nacionales puede arrancar la solidaridad europea de los caprichos de las poderosas burocracias nacionales. Solo esta alianza parlamentaria puede anclar la democracia europea en todas las fuerzas sociales y políticas, partidos políticos, sindicatos, autoridades locales y regionales, ONG y asociaciones, nacionales y europeas, que componen la sociedad europea. El Parlamento Europeo ha demostrado, en múltiples ocasiones, que no es capaz de hacerlo frente a la legitimidad del Ejecutivo, ¡como tampoco lo son los Parlamentos nacionales, confinados en sus espacios políticos nacionales!

Solo esta alianza entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales será capaz de establecer nuevos recursos propios. Debe establecer un impuesto serio sobre los beneficios de las multinacionales, basado en los trabajos de la OCDE. También, debe establecer un impuesto europeo progresivo sobre las grandes fortunas, es decir, los patrimonios superiores a dos millones de euros, lo que aportaría entre el 1% y el 1,5% del PIB europeo (con tipos marginales relativamente modestos, que oscilarían entre el 0,5% y el 3% del patrimonio neto de las personas físicas). Ello permitiría financiar un plan permanente de transición ecológica y social.

Se necesita un nuevo método para seguir este camino.

Por un lado, dicha reforma debe contar con el apoyo de una corriente democrática de los propios ciudadanos. Por ello, paralelamente a la alianza transparlamentaria, debe reforzarse considerablemente el acceso directo de los ciudadanos a las decisiones europeas. Esto incluirá la obligación de los Estados miembros de publicar la lista de beneficiarios de los fondos europeos. También, será necesario reforzar la viabilidad de las Iniciativas Ciudadanas Europeas, establecer una Carta de Ciudadanía Europea y otorgar un estatus europeo a las organizaciones de la sociedad civil. Será necesario crear un ecosistema deliberativo a nivel europeo tras la conferencia sobre el futuro de Europa y el panel establecido por la Comisión Europea mediante la creación de una asamblea ciudadana permanente a nivel europeo, interconectada con las asambleas nacionales y locales.

Por otra parte, las normas habituales de unanimidad no deberían ser un obstáculo. La cooperación reforzada podría comenzar inmediatamente entre los Estados interesados, a los que podrían sumarse, después, los demás Estados miembros. Estos Estados pioneros podrían firmar, a corto plazo, un tratado para crear un presupuesto real para la transición climática y social, que se financiaría con un impuesto europeo sobre el patrimonio y un impuesto sobre los beneficios de las multinacionales, y una asamblea europea de parlamentos nacionales para debatirlos, elaborarlos y votarlos. Avanzar con los países que lo deseen: éste es el principio que le permitirá a la Unión Europea realizar sus mayores avances y que les dará a los Estados miembros la posibilidad de estar a la altura del periodo histórico en el que estamos viviendo.