Editorial, EL MUNDO, 14/9/11
EL RECURSO presentado ayer por la consejería de Educación de la Generalitat contra el reciente auto de ejecución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es un modelo de cinismo y de doble lenguaje. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que anuncia un abierto desacato a la resolución del Tribunal Supremo de diciembre de 2010 con el argumento de que las leyes aprobadas por el Parlamento catalán están por encima de la máxima instancia del poder judicial.
Este recurso supone un alarde de manipulación, pero tiene la gran virtud de sacar a la luz todas las falacias del nacionalismo catalán y su hoja de ruta para excluir al castellano del sistema educativo. No hay más que leer este documento para darse cuenta de que lo que hace y pretende la Generalitat.
Dice el recurso que el Supremo «se ha arrogado una potestad de la que no dispone» al tratar de «impedir la aplicación de una norma vigente», que es la ley de Educación de 2009. Hecha esta aseveración, la Generalitat considera que la sentencia cuya aplicación se le exige ya ha sido ejecutada desde el momento que se le ofreció al padre que pedía educación en español «una atención lingüística individualizada» y que, por tanto, no tiene por qué cumplir el mandato de «adaptar el sistema de enseñanza » a los principios constitucionales en el plazo de dos meses como exige el Supremo.
Desde la primera línea a la última, el recurso de la Generalitat es un ejemplo de ese neolenguaje orwelliano en el que la mentira se convierte en verdad y la propaganda intenta encubrir la realidad. Así, el recurso llama «conjunción lingüística» al actual modelo de inmersión obligatoria que relega el castellano a la marginalidad. Yendo más lejos todavía, señala que los niños llegan a la escuela con «un acreditado déficit de conocimiento del catalán». Si esto fuera así, la política de inmersión de la Generalitat, iniciada a principios de los años 80, habría sido un completo fracaso y estaría produciendo los efectos contrarios de lo que pretendía.
Pero el cinismo de la Generalitat llega a extremos de maldad cuando afirma que el sistema educativo impide la separación de la comunidad escolar en grupos idiomáticos y luego presenta como prueba de que se garantiza el derecho a aprender en castellano el hecho de que las familias que lo piden tienen profesores de apoyo individual para sus hijos, que son segregados del resto de la clase y estigmatizados por apartarse de la pauta de todo buen catalán.
La Generalitat hace de sus tesis una profecía autocumplida cuando cita los informes de su Agencia de Evaluación para intentar demostrar que los escolares en Cataluña acaban con el mismo dominio del catalán que del castellano, lo cual es imposible teniendo en cuenta la abrumadora hegemonía de un idioma sobre otro en la escuela.
Queda muy claro en este recurso que la Generalitat no va a acatar jamás las disposiciones de los tribunales en materia lingüística, por lo que resulta una vergüenza el apoyo de ayer del PSOE a una moción parlamentaria de ERC y CiU en la que se dice que el modelo catalán es «un ejemplo de cohesión social y de plena igualdad de oportunidades». Sólo por esta traición a los valores constitucionales ya merecería un castigo ejemplar en las urnas este partido que parece haber olvidado lo que significa su último apellido.
Editorial, EL MUNDO, 14/9/11