Desde este periódico siempre nos hemos opuesto a esas ayudas públicas que, con el pretexto del apoyo al uso del catalán, pueden suponer una intromisión en la independencia de los medios. Pero mucho menos sentido tiene aún condicionar la recepción de ese dinero al apoyo explícito a la difusión de un referéndum separatista.
En primer lugar, precisamente porque la consulta es inconstitucional y no se puede hacer partícipes a las empresas periodísticas de la difusión de publicidad para actos ilegales. Después, porque el Parlament –y el Govern si, como es previsible, pone en marcha la moción aprobada ayer– vuelven a hacer gala de esa mentalidad totalitaria al obligar a los medios a acatar el pensamiento oficial si quieren recibir las ayudas de la Generalitat, que se convierten así en un chantaje puro y duro.
Aunque, desgraciadamente, no será la primera vez que se manifiesta ese chantaje. Hay que recordar aquel editorial conjunto y vergonzante del 26 de noviembre de 2009 con el que la inmensa mayoría de los medios catalanes –los mismos que recibían las ayudas de la Generalitat– exigió al TC una sentencia sobre el Estatuto de Autonomía favorable a los intereses de la Generalitat.