Ignacio Camacho-ABC
- Al ordenar el atrincheramiento de los altos cargos imputados, Sánchez está prefigurando un ambiente político de desacato
No es la primera vez, cosa rara en el mandato de las anomalías inéditas, que un director o directora de la Guardia Civil resulta imputado en los tribunales. De hecho lo han sido tres de los cuatro que han ocupado el puesto bajo el liderazgo de Sánchez, además de Roldán en la época de Felipe González. Sí es la primera ocasión en que el hecho se produce sin que dimita nadie. A Roldán no le hizo falta renunciar porque lo cesaron antes; luego se fugó como un Puigdemont cualquiera para eludir la cárcel y el que se marchó ‘motu proprio’ fue el ministro del Interior que no supo evitar que se escapase. Esos eran los usos democráticos normales hasta que el presidente los ha cancelado en prevención de que alguien se pregunte por su propia asunción de responsabilidades.
Hay que entenderlo. Con más de 125 imputaciones de directivos de empresas públicas, miembros de la nomenclatura autonómica y de los ministerios, además de familiares de Pedro, si se fueran todos no habría suficiente banquillo para proceder al relevo. Los tiempos en que el PSOE reclamaba el cese automático ante una investigación quedan muy lejos. Ahora proclama que se trata de un simple trámite judicial, una garantía del proceso; no le falta razón pero es tarde para hacer valer el argumento. Aparte de que la Guardia Civil no es un negociado burocrático más o menos subalterno; es una institución que lleva el honor por divisa y entre el honor y la sospecha no caben términos medios. No sin poner en juego el respeto del Cuerpo.
A Mercedes González la consideran el juez Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción presuntamente involucrada en un delito de prevaricación y otro de obstrucción a la Justicia. Ojo a este último: se trata de la más alta jerarquía de una fuerza policial encargada de perseguir actividades delictivas. «Dos cafés», dice la propaganda socialista que se tomó con Leire, la ‘fontanera’ de las alcantarillas. Estarían bien cargados de cafeína porque después de esas citas la UCO recibió órdenes de ponerse «de perfil» en ciertas causas de repercusiones políticas, impartidas por el teniente general –también imputado, claro– al mando de la dirección operativa. Ninguno de los dos se ha apartado todavía de sus funciones siguiendo la nueva doctrina monclovita.
António Costa, el ex primer ministro portugués, se autodepuró al aparecer comprometido en un caso de corrupción de un subordinado. Era inocente, como luego se demostró, pero dejó dicho que «la simple sospecha es incompatible con la dignidad del cargo». Eso también es una doctrina ética, más honrosa que la de encerrarse en el despacho como quien se niega a devolver un regalo equivocado. Sin embargo no conviene a llamarse a engaño: es el jefe del Ejecutivo el que se niega a torcer el brazo ante las evidencias que van diezmando su círculo de pretorianos. Prohibido abandonar el barco. La resistencia ha entrado ya en fase de descaro. Y quizá no sea descabellado pensar en la creación del ambiente político necesario para justificar un acto de abierto desacato.