El Gobierno de la nación acabará indultando a los condenados de los ERE y, con esa decisión, cuya maquinaria de presión social y política ya se ha puesto en marcha con las adhesiones a la carta de los familiares de José Antonio Griñán, completará una legislatura en la que habrá pervertido toscamente la potestad del indulto, tan anacrónica como plenamente constitucional. No es porque sea el Gobierno que más ha indultado o el único que ha aplicado la medida de gracia a políticos condenados por corrupción, ni mucho menos, incluso es posible que el presidente Pedro Sánchez figure en la estadística entre los que menos indultos ha aprobado. 

La cuestión no es esa, la gravedad adicional que adquiere este presidente es que, para justificar el indulto, arrasa y menosprecia al Poder Judicial y a los tribunales que han dictado las sentencias. Esa es la grave diferencia entre los indultos anteriores y estos del Gobierno de Pedro Sánchez y, a su vez, la única y perversa similitud que podemos encontrar entre los indultos a los cabecillas del golpe de Estado de la Generalitat de Cataluña en octubre de 2017 y los responsables políticos del fraude masivo de los ERE en la Junta de Andalucía.

El recuento detallado de los indultos que se han concedido en España se contabiliza en una web, el indultómetro, que eleva la cifra hasta los 10.702, contando desde 1996, el último año de gobierno de Felipe González y el primero de José María Aznar. La mayoría de los indultos, casi una tercera parte, se relacionan con delitos contra la salud pública, acaso porque se acaba reconociendo implícitamente que las condenas aprobadas por los legisladores son demasiado severas, sobre todo en procesos menores por tráfico de droga, lo que se conoce como ‘menudeo’. Pero esos, obviamente, nunca trascienden. La polémica siempre está en los relacionados con la política o con la empresa y, en ese caso, como se decía antes, todos los presidentes han aprobado indultos controvertidos. 

Desde los GAL hasta unos terroristas de Terra Lliure, pasando por FILESA o el golpe de Estado del 23-F. Lo que convierte en lesivo para el sistema los indultos aprobados por Pedro Sánchez es el hecho de que se aprueben sin el respaldo del Poder Judicial y con una reprobación grotesca de la sentencia judicial que se quiere dejar sin efecto. El mismo presidente que, un año antes, había «garantizado el absoluto cumplimiento» de la condena de los independentistas sediciosos, acabó dejando en mal lugar al tribunal que los condenó al deslizar, subliminalmente, que la sentencia estaba dictada desde el resentimiento y la venganza. 

«Es muy importante mirar hacia el futuro, aprender de los errores y ser conscientes de que entre los valores primordiales de la Constitución no está la venganza ni la revancha», dijo Pedro Sánchez para justificar los indultos a los independentistas. Y los aprobó a pesar de que el Tribunal Supremo se había negado previamente en su informe por considerarlos «una solución inaceptable» al no cumplir ninguna de las razones que incluye la ley para justificar un indulto, ni justicia, ni equidad, ni utilidad pública. Ni siquiera la Fiscalía respaldaba esos indultos.

Ahora, con la condena de los ERE se produce la misma reacción contra el criterio de los tribunales. No es que el presidente Sánchez haya invocado razones humanitarias, como ha hecho la familia de Griñán, sino que claramente ha descalificado la sentencia al deslizar que no ha sido ni justa ni proporcional: «Pagan justos por pecadores», ha dicho en consonancia con lo repetido por todos los portavoces de su partido. Ya se expuso aquí que, incluso admitiendo esa interpretación, el líder socialista debería explicarnos a continuación quiénes son, en consecuencia, los pecadores de los ERE, porque no es solo Griñán el que está condenado a penas de cárcel. 

¿Acaso sí merecen la prisión los otros consejeros que, como Griñán, autorizaron con su firma la creación y financiación del ‘fondo de reptiles’ de los ERE? Estaría bien que se explicase antes de descalificar la argumentación jurídica de la sentencia, tanto la de la Audiencia de Sevilla, que los condenó en primera instancia, como la del Tribunal Supremo, que la ha ratificado y se conocerá íntegramente en septiembre. ¿Quién debe pagar por el fraude de los ERE y por qué motivo? Esa es la cuestión. 

Por lo demás, aquí parece que, a partir de que se ha puesto en marcha la maquinaria del indulto, todo debe reducirse a la consideración personal que, cada cual, tiene del expresidente de la Junta de Andalucía, como si esa fuera una razón determinante para juzgar su inocencia o su culpabilidad. Este es, sin duda, el aspecto más delicado y perverso de la petición de indulto. Parece que no apoyar el indulto de Griñán convierte a quien lo defienda así en un tipo insensible o en un sádico que disfruta con el sufrimiento humano. Empezando por los jueces, claro, que son los que firman su condena.

Y todo porque Griñán es una buena persona y un hombre honesto que no se ha llevado ni un céntimo. En fin… Lo que no es honesto ni decente es plantearnos esa tesitura porque nos llevaría a unas conclusiones insostenibles con el resto de la población penitenciaria. Pensemos, por ejemplo, en un caso cercano por proximidad geográfica, la condena al alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, como responsable de haber enchufado en la Gerencia de Urbanismo a dos personas. Dos. Por los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos, a Pacheco le cayeron cinco años y seis meses de cárcel, medio año menos que a Griñan. El exalcalde de Jerez tampoco se enriqueció, según la sentencia, pero sí tuvo que restituir a las arcas públicas más de trescientos mil euros. Como estaba cercano a los 70 años cuando ordenaron su ingreso en prisión, solicitó el indulto por razones humanitarias, pero nunca se lo concedieron. 

Cumplió la totalidad de la pena a la que lo condenaron hasta que, reglamentariamente, ya no se le podían negar los permisos de salida. Aquí, en El Confidencial, se desahogó cuando salió de la cárcel: «Me han tratado peor que a cualquier preso de ETA». Hace más de un año, Pacheco solicitó el indulto para la pena de inhabilitación que aún arrastra, pero nada. Ahora, mira perplejo las peticiones de indulto a Griñán y solo espera que, al menos, nadie en el Consejo de Ministros coloque su petición de indulto por delante de la suya en la pila de peticiones pendientes de resolver.