Si en Europa cunde la impresión de que el dinero público tiende a politizarse en aval de golpistas y rescate de empresas ineficientes, se le puede agriar la fiesta de hay-legislatura-para-rato, al Pedro Sánchez que vende palmito y habla inglés en Manhattan. 

El chasco está servido en el feminismo creciente del Gobierno. Dos mujeres se interponen en el presunto asalto al patrimonio común por mal uso del dinero público. La juez de instrucción de Madrid, Esperanza Collazo, ha paralizado cautelarmente la entrega de 34 millones de euros para el rescate de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra. Y la delegada instructora del Tribunal de Cuentas, Esperanza García, decidirá el lunes si acepta los avales presentados este viernes por los 29 pregoneros del ‘procés’ en el exterior —avales públicos, en cualquier caso, pues los privados dieron un paso atrás—, o bien procede al embargo de sus bienes particulares.

No son los mejores antecedentes en el expediente español de acceso al multimillonario volquete de fondos europeos ¿Aplicará Moncloa el modelo Plus Ultra (menos del 1% de cuota de mercado) al plan de recuperación del crecimiento y la creación de empleo, en principio aceptado por Bruselas? 

«Dos mujeres se interponen en el presunto asalto al patrimonio común por incorrecto uso del dinero público» 

La pregunta está causando serios daños reputacionales en la marca de nuestro país a los ojos del norte ‘frugal’. La imagen de un país tentado de hacer con 140.000 millones de euros lo que ha hecho o pretende hacer con 53 millones: 19 entregados para pagar deudas a proveedores y 34 por entregar si no lo impide la juez de instrucción del número 15 de Madrid. 

En el terreno judicial, planean los fantasmas de delitos vinculados al servicio público, como la malversación, la prevaricación o el fraude en subvenciones. En el político, las sombras del clientelismo, el despilfarro, la opacidad y los supuestos favores a la dictadura venezolana, inflan las velas de la oposición parlamentaria que, animada por las encuestas, ya está en campaña de acoso y derribo al Gobierno de Sánchez. El PP ya señala el camino de las comisiones de investigación en el Congreso para el rastreo de eventuales responsabilidades políticas

 Estamos ante la última entrega del surrealismo en la política nacional. Porque surrealista es que la institución perjudicada (la Generalitat, que también es Estado, diga lo que diga la Abogacía) avale a quienes la perjudicaron. Un verdadero contradiós. O sea, malversación al cuadrado. En eso consiste el hecho de avalar con dinero público el dinero público gastado indebidamente en una delictiva aventura secesionista.

También se instala como un nudo en el cerebro que se presten 34 millones de euros a una aerolínea desconocida para salvar los 19 millones ya prestados. Esa es filantrópica postura de la Abogacía del Estado, en llamativa discrepancia con la Fiscalía del Estado. 

Y surrealista es, en fin, que la juez Collazo reclame la justificación del préstamo a los beneficiarios (Plus Ultra) y no a quienes autorizaron el desembolso (Sepi, Ministerio de Hacienda, 2 marzo 2021).

Continuará.