Mariano Rajoy no tuvo más remedio ayer que tender la mano y lo hizo abiertamente, sin subterfugios. El programa que presentó al Congreso de los Diputados para intentar conseguir su confianza y ser reelegido como presidente del Gobierno fue sencillo: oferta de entendimiento continuo y «negociar cuanto sea necesario». Y sobre la mesa, para actuar con urgencia, seis objetivos de Estado inmediatos: sostenibilidad de las pensiones, pacto sobre educación, crecimiento y creación de empleo, financiación autonómica, corrupción y modelo territorial.
El candidato del PP dirigió su mensaje a todas las fuerzas constitucionalistas, pero lo hizo muy especialmente al PSOE. Su objetivo es evidente: intentar convertir una situación de «excepcionalidad», una legislatura que en principio se vislumbra incierta por la falta de una mayoría contundente en el Congreso, en una «gran oportunidad» para alcanzar consensos en beneficio de los españoles.
No se sustrajo el aspirante a reseñar los avances que, en su opinión, se han conseguido durante los cuatro años de su primer mandato, incluyendo el tono y el nervio que se han mantenido a lo largo de los 10 meses de interinidad y bloqueo político. Rajoy habló de «trabajo bien hecho» e insistió en que, pese a todo, aun con el Gobierno «restringido», España ha «mantenido el rumbo». Pero advirtió: «Todo tiene un límite» y ya no se puede jugar más ni con la confianza ni con la credibilidad.
Lanzó así una señal de alarma reclamando, principalmente al primer partido de la oposición, al PSOE, que se preste al pacto y a la colaboración para evitar «que se malogren los titánicos esfuerzos que han hecho los españoles». Rajoy enhebró un discurso amable con la bancada socialista. Muy alejado del tono acerado y crítico que empleó en los intentos de investidura fallida que se han producido desde el pasado mes de diciembre. Ahora no toca.
En opinión de Rajoy, lo mejor para el país pasaría por conseguir formar un Gobierno de gran coalición o, en su defecto, un acuerdo que garantice la gobernabilidad, un pacto que asegure una legislatura «estable, duradera, sólida y tranquilizadora».
Sabe, no obstante, que una fórmula así se presenta prácticamente imposible, por lo que en su lugar plantea emprender la actividad basándose en los acuerdos alcanzados ya con Ciudadanos y Coalición Canaria y sumar a ellos cuantas voluntades se presten. Según dijo, construir «una mayoría cada día para gobernar».
Insistió en que los dos objetivos básicos deben seguir siendo «el empleo y el mantenimiento del Estado del Bienestar», para lo que es imprescindible, recordó, abrir la puerta a la aprobación de un Presupuesto para 2017 que permita, entre otras cosas, cumplir con las demandas de la UE. «No podemos abandonar esta meta porque queda mucha tarea que atender», dijo, antes de advertir del peligro que, en su opinión, se correría si como han defendido la mayoría de las fuerzas de la oposición se intentan derogar algunas de las leyes económicas aprobadas en los últimos cuatro años. No hay duda de que con este aviso el aspirante a la investidura se refería en primer lugar a la reforma laboral.
Tras la advertencia, pasó a explorar las posibilidades de futuro. «Se abre ante nosotros», aseguró, «la oportunidad de dar una solución compartida y estable a grandes retos».
En primer lugar citó la sostenibilidad del sistema público de pensiones y ofreció, si consigue ser investido, convocar de manera inmediata el Pacto de Toledo. Antes de fin de año, dijo. Y al mismo tiempo, impulsar el diálogo social reuniendo a sindicatos y empresarios para «compartir análisis sobre la situación económica y social» y abordar nuevas medidas para fortalecer la creación de empleo y aumentar su calidad buscando, además, una mejor asistencia a los parados de larga duración.
El segundo pacto que ofreció fue el de la educación. Su propuesta coincidió con la huelga educativa en protesta por las reválidas que pretende implantar la Lomce, una ley que está condenada a decaer y Rajoy lo sabe.
El acuerdo que dice buscar ahora el líder del PP abarcaría desde la educación primaria a la propia universidad. Su intención, aseguró, es que adquiera los tintes de un verdadero «pacto nacional». A modo de primer paso planteó la creación de una subcomisión parlamentaria que elabore las bases de un acuerdo consensuado en el plazo de seis meses.
La financiación autonómica fue el tercer punto de su programa. El candidato habló de un nuevo modelo que «asegure la igualdad y la solidaridad entre los españoles y preserve los servicios públicos de contingencias».
Para ello se propone convocar de inmediato la Conferencia de Presidentes Autonómicos, un foro ideado en su día por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y cuya reunión han reclamado en los últimos meses tanto los barones socialistas como los populares.
Combatir la corrupción era un mensaje obligado en el discurso de investidura. Hubo poca concreción en este terreno, aunque Rajoy renovó votos por la limpieza de la vida pública y de las instituciones y se mostró dispuesto a «promover cuantas reformas sean necesarias para reforzar la confianza de los ciudadanos en la política» haciendo de ella una «actividad más ejemplar».
En este sentido, reclamó a todas las fuerzas parlamentarias «aportaciones» para enriquecer el acuerdo que en este terreno ha alcanzado ya con Ciudadanos.
«Realizo», dijo, «esta invitación desde la humildad y el reconocimiento de los casos que han protagonizado personas de mi partido, pero también», apostilló, «desde la certeza de que en este campo nadie puede presumir de infalibilidad».
Como no podía ser de otra forma, el desafío independentista y el problema de la vertebración territorial y el modelo de Estado que subyace tras él, ocupó uno de los pasajes más importantes de la intervención del candidato. «El reto más grave que tiene España en estos momentos», afirmó. Repitió entonces los principios que siempre ha mantenido como inamovibles: el único pueblo soberano en España es el que conforman la totalidad de los españoles; nadie puede privar al pueblo español de su derecho exclusivo a decidir sobre su futuro ni sobre su territorio y, además, que su «primera obligación», así como la de todos los miembros de la Cámara, es defender la soberanía nacional, la unidad de España, la igualdad de los ciudadanos y el respeto a la ley.
A partir de ahí, reiteró su «disposición al diálogo y a la cooperación con la Generalitat de Cataluña», e incluso ofreció –y ahí radica la mayor novedad– «buscar fórmulas que acomoden mejor la necesaria solidaridad interterritorial», a fin de conseguir «soluciones que sean más justas» para las aspiraciones de todos.
No se refirió, sin embargo, en este capítulo a la posibilidad de abrir un proceso de reforma constitucional. Rajoy siempre ha sido reacio a hacerlo, al menos hasta que no haya claridad respecto a los puntos a modificar y un consenso medianamente trabado sobre los mismos.
El candidato a presidente aseguró ser «plenamente consciente» de que el país está entrando «en una nueva etapa política» en la que será imprescindible para sacar adelante cualquier ley y cualquier proyecto «la negociación, la cesión y el entendimiento».
Y añadió: «Debemos asumir la necesidad de diálogo, no como un pasaje incómodo, sino como una oportunidad de consolidar reformas amplias y duraderas». Para ello reclamó dejar de lado las consignas y avanzar en el diseño de las soluciones a los problemas del país. Él, por su parte, aseguró que no intentará buscar «ni beneficio personal ni partidario».
Al término de su intervención, Rajoy pidió la confianza de la Cámara y aprovechó para hacer un guiño al PSOE: «Quienes no deseen nuevas elecciones deben apoyar esta solución». Y ello sin que suponga, añadió al final, «que se fuerce la voluntad de nadie, ni que nadie tenga que renunciar a sus principios. La excepcionalidad de las circunstancias exige dejar de lado todas las confrontaciones ideológicas y sumar esfuerzos, de manera excepcional, porque se trata de una situación inédita que no conoce precedente».