EL MUNDO 27/10/14
· El Estado exige anular los 100.00 euros que le otorgó la Diputación ‘abertzale’
La Abogacía del Estado ha presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de San Sebastián un escrito de demanda para reclamar que se declare la nulidad de la subvención de 100.000 euros que otorgó la Diputación de Guipúzcoa (Bildu) a la iniciativa Gure Esku Dago, una suerte de ANC a la vasca, para financiar la cadena humana a favor del derecho a decidir que organizó el pasado 8 de junio entre Pamplona y Durango. En el documento de 66 páginas, registrado el 19 de septiembre, los letrados reclaman que se condene al Gobierno foral a obtener la devolución de esta partida, que fue acordada por Bildu y PNV dentro de un paquete de medidas anticrisis en el marco del pacto que posibilitó la aprobación de los Presupuestos forales de 2014.
La Abogacía recoge una amplia lista de motivos para impugnar la decisión del Ejecutivo abertzale. Sus consideraciones afectan tanto al fondo como a la forma en que se concedió la subvención. Sobre el fondo, sostiene que «la promoción de la secesión no forma parte de los fines de la Diputación ni de sus competencias», y que la medida «vulnera el principio de lealtad institucional que debe regir la actuación administrativa». Sobre la forma, dice que quien recibió la ayuda fue una asociación cultural –llamada Hartu Hitza Kultur Elkartea– y no Gure Esku Dago, que además carece de estatuto legal.
El Ejecutivo de Bildu acordó, a través de un decreto foral del 8 de mayo, conceder de manera directa una subvención de 100.000 euros a la entidad Hartu Hitza Kultur Elkartea para financiar la actividad de la iniciativa Gure Esku Dago (Está en nuestras manos). La demanda pone de manifiesto que no existe ninguna vinculación administrativa entre ambas entidades. Detalla, además, que Gure Esku Dago es una «plataforma carente de estatuto legal como asociación formalmente constituida e inscrita en registro público alguno», y que se define en su web como una «dinámica a favor del derecho a decidir de Euskal Herria», por lo que tiene «identidad propia y diferenciada» respecto a la otra asociación.
Los letrados que actúan a instancias del delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, indican que el fin que se esconde «bajo el eufemismo de la expresión derecho a decidir» es «la reivindicación de la independencia de Euskal Herria al margen de los cauces constitucionales». Señala que «no son fines propios de la Diputación», que no forma parten de sus «competencias» y que, con ello, el Gobierno abertzale «deja de ser una institución caracterizada por su objetividad para convertirse en gregaria de ciertas ideologías partidistas».