La decisión del juez García-Castellón de exonerar al presidente de Iberdrola es una excelente noticia. Lo es para el propio Ignacio Galán, que se libra de un peso que le ha oprimido en los últimos tiempos; y lo es también para la propia empresa y para sus proveedores, que ven el futuro despejado y libre de muchas incertidumbres. Como recordaba con frecuencia el propio afectado, la imputación, y su exagerada duración, ha tenido efectos negativos reales y no solo para él. La reputación de Iberdrola ha vivido bajo sospecha, se han perdido oportunidades reales de negocio, al menos en los Estados Unidos, y se ha lastrado la propia cotización bursátil. Demasiado costo para este final.

Eso es lo no se entiende bien. La Justicia es más lenta cuanto más garantista, por eso se puede comprender que los juicios se eternicen cuando la decisión depende del análisis en detalle y la valoración de las pruebas que, en este caso, procedían de las espesas tinieblas que esparcen las actuaciones del comisario Villarejo. Pero si se trataba de un problema de prescripción, es decir de un problema de plazos, sorprende que nadie en los juzgados hubiese echado cuentas y llegado mucho antes a esta contundente conclusión. En cualquier caso, habrá quien juzgue esta resolución de la misma manera y extraiga las mismas conclusiones que el caso del Rey emérito. Pero, tras analizar el desarrollo del proceso, nadie podrá esgrimir aquí ningún tipo de trato de favor o sembrar la menor duda acerca de la aplicación de una benevolencia excesiva. No la ha habido. Más bien se ha producido un acatamiento de la postura adoptada por la Audiencia Nacional al exonerar definitivamente a los otros dirigentes imputados el pasado 11 de junio.

Solventado este asunto, Iberdrola tiene ante sí grandes retos y enormes oportunidades. Por eso mismo, y tras liberarse del lastre jurídico que soportaba, el consejo de administración debe acometer, con calma y sosiego pero sin pausa, el inevitable proceso de renovación de su gobernanza que impone la biología y el mero paso del tiempo. La primera obligación de un buen presidente reside en tener bien planificada su sucesión y esta asignatura, cuyo desenlace es fundamental, no la tiene aprobada. El próximo año, con las renovaciones que exigen los plazos previstos en los estatutos, es una buena ocasión para solucionar o al menos encarrilar el proceso.