El pasado 12 de julio, en las elecciones autonómicas, se impidió el voto a más de medio millar de personas, 450 en Galicia y 200 en el País Vasco. La consejera de Sanidad del Gobierno vasco, Nekane Murga, despachó el asunto con la siguiente afirmación: “Hay personas con tuberculosis, una fractura de cadera, infarto, ictus o una hemorragia cerebral. En este país tenemos personas con enfermedades que, como la covid, les pueden impedir hacer una previsión de voto por correo y tampoco podrán hacerlo”. Asunto resuelto.

El voto es una cuestión de azar, no fruto de una libre decisión de participar en unas elecciones o de abstenerse de hacerlo. En España no es obligatorio acudir a depositar el voto en la urna, pero todavía, salvo que el Tribunal Constitucional amanezca asaltado por bárbaros o iletrados, es un derecho individual e intransferible. Siguiendo la explicación de la consejera vasca, solo pueden ejercer su derecho al voto lo sanos o los que tienen la suerte de no estar enfermos.

Los gobiernos autonómicos de Galicia y País Vasco deberían haber organizado un sistema de urgencia para facilitar el sufragio a toda persona que manifestara su decisión libre de votar

En cualquiera de los supuestos enumerados resulta evidente que el enfermo se ve impedido por una causa de fuerza mayor y nadie le obliga a quedarse en su domicilio por razones obvias. Sencillamente, aunque el votante quiera, no puede si una hemorragia cerebral le tiene conectado a una máquina. Pero en el caso que nos ocupa, las administraciones vasca y gallega tomaron la decisión por los votantes, haciendo una lista de señalados, dejando en suspenso el libre derecho a ejercer el voto y a hacer con él lo que les parezca ese domingo.

Los gobiernos autonómicos deberían haber organizado un sistema de urgencia para facilitar el sufragio a toda persona que manifestara su decisión libre de votar. ¿Por qué se les negó el voto, por ejemplo, a los asintomáticos? De la misma forma que se permite llevar un cordero asado o una fabada a casa, se supone que una comisión judicial con custodia policial puede acercar la urna a los afectados y más en localidades pequeñas como Burela, en la provincia de Lugo. Los médicos recetaron aislamiento, pero nada más. A partir de ahí, su consejo no debería ser una excusa para poner a la democracia en cuarentena.

Dar la batalla en el Parlamento

Este episodio ha pasado como si nada al desván, y en general se dio por buena la decisión de suprimir el derecho al voto por razones de salud. Como en Caballero sin espada, nos ha faltado alguien que se hubiera atrevido a dar la batalla hasta el límite de sus fuerzas en el Parlamento o en los tribunales. En España solo llevamos 42 años de democracia liberal homologable. Se nos olvida lo del Gobierno tripartito y nadie nos lo recuerda como en cambio sí ocurre en las democracias más veteranas. En este sentido, España anda sumida en el habitual temor al que manda, en cualquier nivel. Como en ese bar de copas que incumplía la restricción de horarios porque, mire usted, señor policía, “dentro está la autoridad”.

La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, la socialista Francina Armengol, solo pidió perdón, no ha dimitido. Al comienzo de su mandato, los jueces federales pararon los pies a Donald Trump tras firmar una orden presidencial impidiendo la entrada en Estados Unidos a los extranjeros procedentes países enemigos de América. Sus señorías tumbaron la iniciativa recordando al ocupante provisional del trono más poderoso del mundo que no gobierna en solitario ya que los otros dos poderes, Justicia y Parlamento, vigilan, miden y corrigen los excesos que pueda cometer. Por encima de las personas que eventualmente ocupen el poder, se encuentran las instituciones, que no están de paso, como sus inquilinos.

El parte médico

Si España llega al 9 de mayo de 2021 en estado de alarma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habrá tenido poderes excepcionales en 11 de los 17 meses transcurridos en esta legislatura. ¿Y si continúa así más tiempo hasta, por ejemplo, las siguientes elecciones? Se podrá poner como excusa que otros países se encuentran en situaciones parecidas de emergencia. Pero la cuestión de fondo es por qué no se han querido reformar las leyes orgánicas en vigor para dar cobertura a las decisiones sanitarias sin recurrir a la alarma. Se hace un quiebro al Parlamento eludiendo la rendición de cuentas y a la aprobación de las prórrogas, con sus votaciones quincenales correspondientes como sugiere el texto constitucional, otorgando además a un comité de autonomías un poder de decisión que le corresponde a la soberanía nacional.

Además del caos, como dice Felipe González, no parece constitucional que el Gobierno de la nación se desentienda y ceda a los barones regionales la supresión de derechos individuales. Si el modelo sanitario en 17 es de nuevo incapaz de atender a los pacientes y para ello sus responsables políticos practican la supresión de derechos fundamentales, será mejor que a partir de ahora se fusionen las carreras de Medicina y Políticas para explicar cómo se pone una democracia en cuarentena, previa inoculación del miedo entre los ciudadanos. El derecho al voto, la libre circulación o la reunión serán a partir de ahora derechos condicionados, no por las decisiones extraordinarias de un Gobierno sometido al control parlamentario y el judicial, sino por el parte médico que cada mañana facilite el equipo médico habitual.