Democracia interna

Los partidos políticos viven una democracia interna de baja calidad en España, reflejada en la crisis de credibilidad y liderazgo de organizaciones concebidas como “instrumento fundamental para la participación” y cuya “estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”, según la Constitución. Hacen falta reformas muy serias para empezar a recorrer el camino que haga verdad esas premisas y contribuya a restablecer la confianza en las instituciones.

Todas las organizaciones políticas deben romper con los procedimientos que permiten a sus dirigentes actuar prácticamente sin frenos ni límites. Celebrar los congresos con intervalos de hasta cuatro años favorece el mantenimiento del statu quo y de los intereses creados. Reservar la designación de candidatos electorales a la decisión de comités muy reducidos da a estos todo el poder sobre sus correligionarios, que dependen más de los jefes del partido que de los votantes. Estos métodos han provocado una selección inversa del personal político: solo los más leales a los jefes o sus redes clientelares son capaces de mantenerse en la vida pública. La gente valiosa no debería verse asfixiada por una disciplina demasiado estrecha respecto de las oligarquías partidistas.

Abrirse a la competencia es el procedimiento para prevenir la corrupción y buscar una cierta calidad en la selección de personal. Los principales cargos internos y los aspirantes a puestos electivos en las instituciones deberían pasar el filtro previo de los afiliados, en votaciones internas, o de los simpatizantes en elecciones primarias abiertas. Es posible que esto no garantice una mejora radical e inmediata de la calidad de la democracia, que en gran parte depende del carácter y preparación de las personas dedicadas a esa actividad; pero estas cualidades afloran mejor cuando hay competencia.

Visto que pocos partidos se han autorregulado en esa dirección, España necesita dotarse de una legislación que aclare las reglas del juego. La aparición de fuerzas emergentes ha roto el inmovilismo que caracterizaba la situación hasta hace poco tiempo. Ciudadanos, la formación dirigida por Albert Rivera, ya ha condicionado los futuros pactos con otros partidos a que acepten el criterio de las elecciones primarias, en un mensaje dirigido principalmente al PP, que es el más presidencialista de todos. Alguno de sus portavoces ha llegado a la desmesura de tomárselo como un chantaje. No se puede continuar con una visión tan cerrada de la actividad partidista, que desvirtúa la consideración de los votantes como fuente primaria de legitimidad.

La crisis de credibilidad en las instituciones, el deterioro de los partidos tradicionales y el empuje de los emergentes marcan la caducidad del procedimiento tradicional. Negociar una legislación de partidos llevará tiempo, pero el objetivo de democratizarlos y ponerlos al servicio de los ciudadanos es irrenunciable. Lograrlo sería una pequeña revolución.