Democracia y nación

 Esta no es una cuestión de nacionalismo, sino de democracia”, me decía el amigo que presentaba un manifiesto instando a Rajoy a defender la “unidad nacional” con mano dura. Lo mismo, exactamente lo mismo, me podría haber dicho mi amigo catalán inclinado últimamente hacia el independentismo.

Porque el concepto de democracia solo es sencillo en apariencia, cuando decimos que nosotros, los ciudadanos, los gobernados, el pueblo, somos quienes decidimos el futuro de nuestra comunidad. En la práctica, se reduce a la elección periódica de nuestros gobernantes. Pero hay otras decisiones, mucho más importantes, en las que no intervenimos ni hemos intervenido nunca: la principal, la definición del demos, de ese pueblo, nación o comunidad en el que nos integramos. Esa definición no es algo evidente y racional, sino, muy al contrario, algo emocional, que se da por supuesto. Algo que, lejos de ser el resultado de un debate, meditación y decisión democráticos, nos ha venido dado, como producto de la historia, de la formación de las unidades políticas, en la que las claves fueron el azar y la violencia guerrera.

Pocas veces se habrá revelado con tanta nitidez esta trampa como en la actual situación catalana. “Democracia” es precisamente la palabra que a un independentista no se le cae de la boca. Según él, lo que pide es obvio, elemental, en democracia: que el pueblo catalán decida su propio futuro. ¿Por qué se opone “Madrid”, no ya a que sean independientes, sino incluso a que se les pregunte si quieren serlo? Porque el sistema político español no es democrático, sigue siendo franquista. “Cualquier país civilizado” —nos refriega, para más INRI— reconoce este derecho (la verdad es que ninguno lo reconoce). Y, frente a eso, se siente autorizado para rebelarse, infringir esa ley española, impuesta por la fuerza, invocando la voluntad del pueblo catalán, fuente de la soberanía legítima.

Alguien que parta de la presunción contraria, es decir, que el demos es la nación española, usará el mismo razonamiento para llegar a la conclusión opuesta: quien decide el futuro de España es el pueblo español. Algo que, por cierto, ya hizo en 1978. Quien no reconozca el sistema legal establecido entonces, quien actúe al margen de la Constitución, es, por tanto, un antidemócrata. ¿Cómo podría ser democrática una decisión catalana de separarse de España sin tener en cuenta la voluntad del resto de los españoles? ¿Sería acaso respetuoso conmigo cortarme un brazo sin consultarme?

Por supuesto, el independentista catalán replicaría: ¿y de dónde te sacas que yo sea un brazo tuyo? Me estás menospreciando y ofendiendo, como siempre. Tú lo que eres es un nacionalista español, que demuestras el poco respeto que me tienes al reducirme a la categoría de miembro o parte de un conjunto cuya existencia tú te has inventado. Lo dicho: no eres demócrata, no aceptas que las decisiones las tomen los ciudadanos. Pregúntanos, por lo menos.

A este se le podría quizás hacer comprender que su posición también tiene un parti pris previo si se le preguntara por un hipotético referéndum en Cataluña con resultado global favorable a la independencia, pero en el que un territorio (Tarragona, digamos) hubiera votado por permanecer en España: ¿tú aceptarías que ese territorio siguiera siendo español, aunque el resto de Cataluña se convirtiera en independiente? Porque lo democrático, según tú planteas ese principio, es que el futuro de Tarragona sea decidido por los tarraconenses.

A lo cual nuestro independentista contestaría: ah, eso no. Tarragona forma parte de la nación catalana y si Cataluña, como conjunto, decide algo, sus partes deben someterse. En democracia, las minorías se someten a la decisión de las mayorías. ¿Cómo podría cortársele un brazo a Cataluña contra su voluntad? Solo el conjunto de los catalanes puede decidir eso.

Calcaría, pues, la respuesta españolista sobre Cataluña. Y podría ofender a los tarraconenses, a quienes niega la posibilidad de declararse nación y deja, por decreto, reducidos a miembros de un conjunto al que no se molesta en preguntarle si quiere pertenecer.

En realidad, en cuanto a la definición del demos básico que debe tomar las decisiones, ninguno de los dos es un demócrata. Son nacionalistas primero —al dar por supuesto que su demos existe— y demócratas después. La existencia de su nación es un prius, un dato prejurídico, anterior al inicio del proceso racional de toma de decisiones colectivas que legitiman el sistema legal.

Sin embargo, ese dato previo es enormemente peligroso y destructivo. La fragmentación a la que puede llevar la aplicación estricta del principio de que cada colectividad decide su futuro es infinita. Pues si Tarragona puede también declararse nación, decidir escindirse de Cataluña y permanecer en España, el municipio tarraconense X o Z, dominado por los independentistas, puede optar por seguir a Cataluña y no a su provincia. ¿Quién podría obligarles, en términos estrictamente democráticos? ¿Quién puede negarles el “derecho a decidir”, el derecho a declararse nación?

Nadie puede establecer un mapa nítido e indiscutible de los pueblos o naciones existentes en el mundo. Las identidades se mezclan en todas partes. Con lo que el principio de las nacionalidades da lugar a conflictos sin fin. Como comprendieron amargamente quienes trazaron las fronteras europeas al final de la Gran Guerra, aplicar el dogma de la autodeterminación de los pueblos era imposible sin dejar por doquier territorios irredentos y minorías discriminadas. Pese a ello, lo hicieron. Y pavimentaron el camino para la Segunda Guerra Mundial.

La combinación entre nación y democracia es, en realidad, explosiva. La democracia es un principio que puede defenderse racionalmente. La nación, no. Es algo afectivo, arraigado en los estratos emocionales más profundos; como el atractivo de aquellos a los que amamos o las gracias de nuestros hijos o nietos, imposibles de discutir ni argumentar. Pese a esta incompatibilidad, toda democracia necesita apoyarse en una identidad colectiva, una nación, un demos. Esa colectividad básica para la democracia ni fue decidida racionalmente en su origen ni es posible hacerlo ahora. Y como su definición se apoya en afectos y emociones, y no en datos ni argumentos objetivos, los conflictos sobre lo que sea o no democrático son de imposible solución.

Esta es, pues, una cuestión de sentimientos. Y los sentimientos solo pueden ser respetados, no discutidos. Es razonable invocar el cumplimiento de la ley y denunciar las incoherencias o imposiciones del otro. Pero no hay que limitarse a eso; y las leyes deben adaptarse a la realidad social. El 2 de octubre deberíamos sentarnos unos frente a otros, respetándonos e intentando entender nuestras respectivas emociones; y negociando sobre lo único negociable: poderes, competencias, recursos. Esperemos que, para entonces, no haya habido que lamentar desgracias irreparables.

José Álvarez Junco es historiador.