El seis de diciembre se ha convertido durante esta legislatura en la consagración de la anomalía. El presidente que ha indultado y luego despenalizado un alzamiento de secesión y ha pactado con un partido posterrorista acusa a la oposición de situarse fuera del marco constitucional por no pactar la cúpula de la justicia. Éste es el retrato del contrasentido en que se ha instalado nuestra política. Está muy dicho, pero Sánchez ha puesto la dirección del Estado en manos de sus enemigos (los del Estado, no los del primer ministro), que además se jactan sin disimulo de tener al Gobierno a su servicio. El PSOE, la organización que desarrolló la arquitectura institucional de la democracia, ha acabado convertido al populismo y le ha entregado a los extremistas la reforma a medida del ordenamiento jurídico. Y la estrategia de la polarización, que pretende generar el enfrentamiento de un cuerpo social profundamente dividido, desnaturaliza el inminente ciclo electoral arrastrándolo hacia el conflictivo perfil de un plebiscito.

Y sí, el PP está incumpliendo la Constitución, el artículo 122 en concreto. Pero no en menor medida que todo el Parlamento, al que tanto la Ley de Leyes como la del Poder Judicial atribuyen la elección (no optativa) de los miembros del Consejo. La presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, ha abdicado de esa función dejándola en manos del Gobierno, que no tiene ningún papel ni atribución legal en el acuerdo y cuyos manejos tramposos como la derogación del delito de sedición, negada hasta el último momento, han resultado decisivos en el bloqueo. Sanchismo puro: armar el lío y encalomar al adversario la responsabilidad de resolverlo. Con todo, y tratándose de una crisis medular que exige soluciones inaplazables, es más grave aún la invasión de la autonomía de los organismos institucionales, el sometimiento voluntario al chantaje de los separatistas o las leyes divisivas, tan sectarias como ineficaces, redactadas por unos socios de incompetencia flagrante. Este Partido Socialista está inhabilitado para abanderar ninguna clase de constitucionalismo con esos compañeros de viaje.

Y no sólo por eso sino porque todo el mandato está basado desde su inicio en la destrucción deliberada del consenso. La idea que preside la coalición de poder es la de un bloque dispuesto a revocar el espíritu de la Transición y sustituirlo por una nueva legitimidad impuesta por la vía de hecho. La del «republicanismo luminoso» que el jefe del Ejecutivo evocaba en la autoexaltación de su ‘épico’ traslado de los huesos de Franco. La de una sociedad fracturada en bandos y una nación incapaz de reconocerse en un espacio comunitario. La que el pacto del 78 dio por superada con un acta de paz civil que exorcizaba los demonios del pasado. Esa España del desencuentro, la discordia y el fracaso es la que el proyecto de Sánchez está sacando del armario.