Kepa Aulestia, EL CORREO, 11/3/12
La izquierda abertzale está ya en las instituciones y los demás partidos deberían centrar sus esfuerzos en ponerla en el sitio que le corresponde por sus déficits democráticos
La comparecencia del lehendakari López el pasado jueves en el Parlamento vasco volvió a suscitar el eterno dilema de ‘qué hacer con la izquierda abertzale’. Desde hace diez años la política ha venido intercambiándose la respuesta con la Justicia. Garzón ordenó la suspensión de las actividades de Batasuna en agosto de 2002, tomando la delantera a la nueva Ley de Partidos. Ello permitió que unas siglas se entusiasmaran con la medida, otras la defendieran en nombre de la legalidad y las formaciones democráticas del espectro nacionalista la rechazasen mientras se beneficiaban electoralmente. Diez años después, con la izquierda abertzale legalizada de facto a través de Bildu y Amaiur, nos encontramos a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la inscripción de Sortu en el registro de partidos. Y cuando a la legislatura le quedan meses para concluir, surge el problema de su eventual presencia en la ponencia sobre la convivencia.
Poco importa si el país necesita o no esa ponencia para ‘convivir’. En una sociedad acostumbrada a la abundancia de artilugios políticos nada parece sobrar. La cuestión suscitada por Antonio Basagoiti es cómo mantener a raya a la izquierda abertzale a sabiendas de que, tras los próximos comicios, regresará al Parlamento vasco. Cómo establecer las reglas de funcionamiento de una subcomisión parlamentaria, que a lo sumo se reunirá media docena de veces, sin que su agenda acabe sometida a los requerimientos de los herederos de Batasuna. Cómo evitar que, incluso antes de que hablen de nuevo las urnas, haya un runrún institucionalizado en Euskadi que incomode la parsimoniosa actitud del Gobierno central. Los partidos corren el riesgo de enredarse en movimientos tácticos y elucubraciones metodológicas para retrasar el próximo éxito de la izquierda abertzale. Pero azorados a la búsqueda de una estrategia de contención se olvidan de una tarea primordial: identificar en las fallas democráticas que presenta la izquierda abertzale los factores de ventaja con los que juega.
Hay dos principios que debieran contar más que cualquier otro en el ejercicio de la política; mucho más que ese al que la izquierda abertzale y sus voceros recurren cuando reclaman que todos los proyectos tienen que concurrir en igualdad de oportunidades. Esos dos principios fundamentales son, en primer lugar, que el Estado de Derecho es un todo a asumir íntegramente, aunque sea de manera crítica, puesto que resulta ventajista y nada democrático aceptar algunas de sus reglas y rechazar otras a conveniencia. En segundo lugar, que en democracia nadie puede pretender contar con más peso que el que le brinden los sufragios que obtenga; nadie puede concurrir al diálogo y a la negociación institucionalizada alegando razones históricas, morales o fácticas con el propósito de añadir un plus disuasorio o coercitivo a su representatividad.
No es necesario recordar que la ilegalización de la izquierda abertzale fue debida precisamente a que trataba de complementar el apoyo que obtenía en las urnas con la amenazante cobertura que prestaba al terrorismo etarra. Está claro que la renuncia a la coacción armada dará pie a que los herederos de Batasuna puedan registrarse como partido. Pero hay otra renuncia que, expresa o implícitamente, le es exigible aun sin ser causa de ilegalización: que deje de hablar de las condiciones de la paz, unas veces como si el «cese definitivo de las actividades armadas» de ETA pudiera ser reversible y otras como si el resto de la sociedad y las instituciones tuvieran que abonar un canon de acceso a la disolución de la banda a cuenta del Estado de Derecho.
Que la izquierda abertzale se erija en heredera de «cincuenta años de lucha» no sólo resulta doloroso para las víctimas por la carga violenta que comporta tal pretensión, es también insultante para un país cuya historia se obstina en narrar desde una épica justificadora del terror como sistema. Pero cuando tan sesgada interpretación del pasado pasa de las proclamas a la mesa de negociaciones en que los sucesores de Batasuna tienden a convertir todo diálogo no sólo se resienten los valores, se resienten también las cuadernas del sistema democrático. Porque tratan de incrementar el peso electoral con argumentos que harían de la izquierda abertzale la fuerza que perpetuaría una peripecia heroica colectiva; fedataria de todo un pueblo que, en justicia, sólo podría ser representado por su irreductible autenticidad. El déficit democrático que presenta la izquierda abertzale no se encuentra únicamente en su negativa a condenar la violencia de ETA o a exigir su desaparición. Está también en su selectiva aceptación o rechazo de las reglas de la convivencia y del Estado de Derecho, como cuando gobiernan instituciones públicas y, al mismo tiempo, cuestionan la legitimidad del Poder Judicial. Y está en la ‘sobrerepresentación’ que pretende alcanzar por razones fácticas –los presos–, históricas –el conflicto– o de mérito –la lucha–. Mientras los demás partidos se entretengan calculando cómo restarle ventajas a la izquierda abertzale manteniéndola fuera de juego –cuando en realidad está muy dentro– perderán la oportunidad de batirse con ella denunciando su falta de homologación democrática de sus particulares reglas y actuando en consecuencia en el terreno de las alianzas.
Kepa Aulestia, EL CORREO, 11/3/12