EL MUNDO 13/11/13
El giro nacionalista del Govern no sólo está fracturando la política catalana sino que amenaza con afectar a colegios profesionales como el de abogados de Barcelona, dividido por el derecho a decidir.
Un centenar de profesionales, en su mayoría del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), ha llevado a los tribunales el acuerdo adoptado a mediados de octubre por el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña (CICAC) en el que este organismo se adhería al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. El consejo, formado por los 14 decanos de los colegios catalanes, decidió apoyar la comisión creada en el Parlament para profundizar sobre este derecho y trabajar para la celebración de la consulta.
El presidente del CICAC, Miquel Sàmper, no quiso valorar el recurso presentado contra esta decisión, pero sobre el acuerdo adoptado considera que «desde el punto de vista jurídico se puede encontrar un marco perfectamente legal y adaptado a la realidad social».
La decisión no dejó indiferentes a los profesionales del Derecho. Un centenar de abogados reclamó al CICAC información sobre este acuerdo y la votación realizada en una sesión extraordinaria. Al no obtener respuesta, presentó un recurso que ahora está tramitando el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Barcelona.
En este escrito, los letrados actúan contra el CICAC y contra el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, ya que consideran que los representaba, como colegiados en esta corporación, en este consejo. El recurso pide la retirada del acuerdo ya que los abogados consideran que afecta a «derechos fundamentales de la persona».
El recurso destaca también que la decisión tomada por el consejo y por el decano del colegio de Barcelona puede incurrir en una «intromisión ilegítima» de las libertades individuales de conciencia y pensamiento. Los letrados críticos, entre los que están Javier Nart, Esteban Gómez Rovira o Ángel Escolano, recuerdan que para ejercer su profesión deben colegiarse «obligatoriamente» y que la posición respecto a temas como el derecho a decidir no ha sido delegada a ningún miembro de la junta.
Los abogados presentaron también un manifiesto en el que lamentan la decisión de los dirigentes de la abogacía catalana de apoyar una comisión creada por partidos ya que «compromete y vincula» a todos los colegiados.
Por eso creen que se han vulnerado «derechos fundamentales» de los letrados, se ha comprometido «gravemente» su «independencia profesional» y reclaman respeto por «el principio de neutralidad política». Además, quieren evitar que el Colegio se ponga al servicio de un gobierno para evitar «una vulneración grave del estatuto jurídico profesional».
Por su parte, el decano del ICAB, Oriol Rusca, defendió que el acuerdo está relacionado con «la existencia de los derechos de las personas dentro del ordenamiento jurídico sin entrar en el contenido material de cada derecho». Recordó que «desde el Colegio no haremos política partidista ni apoyaremos una opción política determinada». Rusca también destacó que «no identificamos defender un derecho con su opción política, aunque estamos de acuerdo en salvaguardar los derechos de todos los pueblos como por ejemplo el catalán, el español o el europeo».
Uno de los abogados que firman el recurso, Manuel Zunón, destacó que «el derecho de autodeterminación o de secesión de una parte del territorio estatal no pasa de ser una opción política, tan legítima y respetable en democracia como otra. Pero desde el punto de vista jurídico, único que pueden y deben adoptar los Colegios Profesionales de Abogados, no se puede engañar a los ciudadanos diciéndoles que tal derecho existe como tal y puede ejercitarse, pues ni está recogido en la Constitución, ni tiene respaldo en la legislación internacional, ni tampoco está contemplado en ninguna otra constitución de la Europa democrática a la que pertenecemos».