EL MUNDO 08/02/14
· Reparten entre los escolares circulares contrarias al fallo a favor del bilingüismo.
La madre de uno de los niños sobre cuya educación en castellano se posicionó a favor el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) denuncia la «promoción del odio» a la que el colegio de su hijo estaría sometiendo a su familia. Así lo desveló ayer en Barcelona Marita Rodríguez, presidenta de la Asociación por la Tolerancia, quien leyó en público una carta de denuncia de la madre, Mónica Díaz, durante la presentación del libro Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña.
En su misiva, Díaz asegura que desde que se conoció la identidad de su hijo y la escuela afectada por el auto del TSJC, vinculada a la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña, su vida «parece una pesadilla». Según describe, la escuela de su hijo «ha ido emitiendo comunicados a todos los padres» durante la semana, en las que cree que se está «promoviendo el odio hacia la familia que les ha turbado su especialísimo oasis lingüístico».
Previamente, la madre lamenta en su carta que la publicación íntegra del auto por un diario catalán pusiera «totalmente al descubierto la identidad» de su hijo, así como el nombre de su colegio y el curso del menor. Según denuncia, a partir de ahí «empezó a generarse un clima de gran crispación, nerviosismo e incluso violencia verbal expresada a través de las redes sociales». Una presunta campaña de hostigamiento a la que cree que se sumaron «la televisión autonómica y local» emitiendo «entrevistas de padres que mostraban su desacuerdo y su disgusto por la sentencia».
Otro padre denunció a este diario que su hija, así como el resto de escolares del colegio Mare de Déu del Roser –uno de los afectados por el auto judicial–, recibieron el pasado miércoles una circular de la misma fundación religiosa en la que se defiende el modelo de inmersión lingüística de la decisión judicial. La escuela confirmó a EL MUNDO que, efectivamente, distribuyó entre sus alumnos el comunicado para que se lo hicieran llegar a sus progenitores, acompañado de una comunicación interna de la escuela en la que la dirección afirma que con ello pretende «tranquilizar» a las familias «garantizando el funcionamiento de la escuela en favor de los alumnos».
Cuatro de los cinco colegios afectados por la última resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija porcentajes de materias impartidas en castellano son centros concertados religiosos. Esa circunstancia ha propiciado la constitución de un frente común de la escuela cristiana catalana con el objetivo de intentar tumbar el auto judicial que fija cupos de bilingüismo en sus aulas y promover una opinión contraria al dictamen entre la comunidad educativa.
En su comunicado, la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña manifiesta que «hará todo lo que esté a su alcance para no cambiar el modelo educativo» en sus escuelas. Esta aserción se refiere directamente al mantenimiento en sus términos actuales del sistema de inmersión lingüística, pues el comunicado continúa asegurando que la decisión del TSJC ha causado «sorpresa y grave preocupación» en la institución, que representa a 434 escuelas y 234.000 alumnos.
La organización de escuelas cristianas sostiene que el auto «menosprecia el carácter privado de cuatro de los cinco centros» y «contraviene la normativa catalana, el carácter propio y el proyecto educativo de los centros» por exigir la introducción de cupos de clases en castellano a los directores.
La circular también critica que el tribunal haya tomado la decisión «a petición de una única familia y sin haber escuchado a las otras».
En paralelo, la Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña (Ccapac) vaticinó en otra nota, remitida por correo electrónico a profesores y progenitores incluidos en su base de datos, que fijar un 25% de castellano obligatorio puede «provocar conflictos en las familias al imponer nuevas condiciones a los padres que habían escogido la escuela conociendo previamente cuál era el régimen lingüístico».
Para culminar, Escola Pia –entidad que agrupa a dos de los colegios afectados por las interlocutorias del TSJC– amplió ayer el frente de colegios cristianos contra la resolución judicial con otro comunicado que recrimina al tribunal la «atribución de funciones pedagógicas y de organización curricular que no le son propias»; actitud que «atenta contra la libertad» y «pone en peligro» el modelo de «convivencia, solidaridad y cohesión social» de las aulas.
EL MUNDO 08/02/14