EL MUNDO 18/04/13
Dieciocho figuras del mundo académico vasco y del resto de España encabezadas por el filósofo Fernando Savater, junto a la asociación de víctimas Covite, remitieron ayer una carta al rector de la Universidad del País Vasco (UPV), Iñaki Goirizelaia, rogándole que evite la celebración de la mesa redonda sobre «presos políticos» organizada por los interlocutores del colectivo de presos de ETA esta tarde en el Paraninfo de la Universidad.
En su misiva le advierten de que, con el debate Pres@s polític@s y resolución de conflictos, «la lógica terrorista entrará de lleno en la Universidad». «Y será la universidad que usted dirige la que dará alas a planteamientos falsarios y antidemocráticos», aseguran.
Suscriben el documento intelectuales que dejaron el País Vasco por la presión terrorista, como Carlos Fernández de Casadevante, Mikel Azurmendi y Edurne Uriarte. También cinco profesores de la Universidad vasca: Aurelio Arteta, Francisco Llera, Joaquín de Paul, Carlos Martínez Gorriarán y Mikel Iriondo. Cierran la lista Rogelio Alonso, Jesús Prieto, Teo Uriarte, Alfredo Tamayo, Martín Alonso, Josu Ugarte, Javier Rey-Maquieira, Luis de la Corte Ibáñez y Manuel Hernández Iglesias.
«Consternación»
Expresan su «consternación», porque les resulta «incomprensible» que una entidad pública «ceda instalaciones también públicas a quienes pervierten el lenguaje» para convertir a terroristas en «personas comprometidas con una causa justa».
Arguyen que «en España no hay presos políticos», sino reclusos de ETA que, en muchos casos, han asesinado «a casi 900 personas inocentes, hombres, mujeres y niños», y que el empleo de este concepto puede suponer incluso un delito de enaltecimiento según el Tribunal Supremo. Añaden que Covite acudirá a la Justicia en caso de advertir un delito. Y piden a Goirizelaia que conciba la UPV «como fuente de conocimiento y búsqueda de la verdad» y «no como una herramienta para difundir planteamientos falsarios».
El acto tendrá lugar a las 18.00 horas. La Universidad asegura que ella no ejerce «control editorial» sobre los eventos que organizan quienes pagan por un aula ni sobre la naturaleza de sus clientes, con el único límite del respeto a «la ley».