ABC-IGNACIO CAMACHO
La facultad de interpretar «pro domo sua» los resultados electorales solo corresponde en España a Pedro Sánchez
Ala portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, parece disipársele la lucidez cuando habla, fenómeno inquietante en un cargo cuyo ejercicio se basa en el uso frecuente y fluido de la palabra. Antes de que Sánchez la llamara era una digna representante de la rama socialista vasca, de donde –Eguiguren aparte– casi siempre ha salido gente valiosa, noble y sensata. Trabajó con Recalde y Jáuregui, políticos de impronta cabal, y en el gabinete de Patxi López fue consejera de Educación sin romper nada. Pero su reputación cotiza a la baja desde que accedió al Ministerio de la Propaganda, tarea para la que a todas luces carece de aptitud y de maña. Simplemente, le cuesta expresarse de forma no ya brillante, sino clara; debe de ser de esas personas discretas y cautas que se hacen valer por lo que callan. Las célebres bombas inteligentes vendidas a Arabia, las que según ella sabían discriminar a quién mataban, son más hábiles que esta minerva para no meter la pata. No pasa Consejo de Ministros sin que suelte alguna perla cultivada.
La (pen)última ha sido la acusación al PP y a Ciudadanos de «arrogarse el derecho» a presidir la Junta de Andalucía. Sí, dijo «arrogarse». Es decir, atribuirse, adjudicarse, apropiarse indebida o exageradamente de cosas inmateriales (DRAE). Una facultad que, referida a la interpretación pro
domo sua de los resultados electorales, solo corresponde en España al presidente Sánchez, que lo es con 52 escaños menos que el partido que quedó por delante. Bueno, en justicia hay que consignar que también la han asumido algunos barones territoriales como Ximo Puig, Lambán o García Page, numerosos alcaldes de izquierda que arrebataron al PP casi todos los ayuntamientos grandes y los separatistas que birlaron a Cs su rutilante victoria en los últimos comicios catalanes. Ninguno de ellos, por lo visto, se ha arrogado nada, ni ha pactado con fuerzas anticonstitucionales. Sólo han ejercido la mayoría natural con lógica aplastante. Porque el derecho a gobernar, como todo el mundo sabe, no asiste a la derecha aunque gane. Éste es el principio de base.
Y ésa es la noción que a Celaá le brota de modo espontáneo. La misma que llevó a Susana Díaz, aturdida por el descalabro, a proclamar que, si se excluían del cómputo los votos de Vox, los «progresistas» habían ganado. No se trata de cinismo, ni siquiera de descaro; en su sentir interno, la izquierda considera que el poder le pertenece por una suerte de privilegio innato, por un fuero esencial y primario. Por estar en el bando correcto de la Historia, el único legítimo y válido. De ahí la estrategia política del cordón sanitario, que prescribe el confinamiento de la patología social para evitar el contagio. La portavoz no es la más despierta de la clase pero ha expresado, con lenguaje tan torpe como franco, esa convicción de superioridad moral a la que los suyos están acostumbrados.