IGNACIO CAMACHO, ABC 16/09/13
· Ningún Gobierno puede autorizar en nombre de los españoles una consulta que modifique su soberanía colectiva.
Habrá que repetirlo las veces que haga falta: el problema de un eventual referéndum en Cataluña no es la respuesta sino la pregunta. Se trata de una cuestión elemental de derecho político: la simple convocatoria de una consulta, sea cual fuere su contenido, les reconocería a los catalanes una soberanía específica que no poseen y violaría los artículos 1 y 2 de la Constitución, es decir, los que fundamentan la ciudadanía española y la unidad del Estado. El resultado da igual; a partir del momento en que España admita que Cataluña tiene derecho a decidir por sí sola sería cuestión de tiempo la formación de una mayoría que decidiese la secesión unilateral. Y ningún Gobierno elegido por los españoles puede autorizar en su nombre una decisión que supone, a la corta o a la larga, la amputación –Felipe González «dixit» – de una parte sustantiva de la identidad nacional.
Ese es el grave error que ha cometido Cameron en Gran Bretaña. Al convocar un referéndum en Escocia ha abierto la puerta a la fractura del Reino. Por una mera cuestión de egoísmo político, porque sabe que ganará de calle el no a la separación, el primer ministro británico ha utilizado la unidad nacional como herramienta para comprar tiempo. Allá él; en todo caso el Reino Unido carece de una fuente constitucional única y reglada y Escocia, que fue hasta el siglo XVIII un Estado independiente, constituye de hecho una entidad jurídica propia. Pero el derecho constitucional no es un concepto extensible como un chicle ni manejable como un trozo de plastilina según la voluntad política de cada circunstancia histórica.
El derecho es la base de la democracia, la piedra angular del orden de las naciones. Y España sí tiene una Constitución escrita y positiva, que no es un corsé impuesto por nadie sino un marco decidido, aceptado y votado por una inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. También de los catalanes, por cierto. Sí, de los de 1978, claro; en Francia rige la de 1958 y en Estados Unidos, que no parece el país menos democrático del mundo, sigue vigente, con enmiendas, el texto de 1776.
Las constituciones se reforman. Es fácil: sólo hay que reunir una mayoría social expresada representativamente en el Parlamento. Una mayoría nacional para cambiar una ley nacional. Lo que no se puede es modificar la base jurídica del Estado desde una (presunta) mayoría parcial en un territorio determinado. Eso fue lo que intentó Zapatero con el dichoso Estatut, origen de todo este problema actual, y se lo tuvo que impedir un Tribunal Constitucional modelado bajo su propia influencia. Y si un Gobierno, cualquiera que sea, quiere redactar de otro modo los artículos que afectan a la soberanía de la nación los tiene que someter a un referéndum de todos los españoles. Que somos los titulares del único derecho a decidir reconocido. ¿Estamos o no estamos?
IGNACIO CAMACHO, ABC 16/09/13