EL PNV HA planteado de nuevo estos días el espinoso asunto del derecho a decidir y, durante todo este tiempo, determinados académicos e intelectuales de su entorno han venido reflexionando sobre ello sin encontrar ninguna réplica constitucional que rebata la idea en sí, simplemente razonando sobre ella. No podemos seguir permitiendo al nacionalismo monopolizar el mensaje hasta convertir sus engaños en verdades ad nauseam. Dar una réplica intelectual, desmontar estas ideas y su argumentario es una obligación moral de los representantes constitucionales largo tiempo desatendida.

La primera reflexión es sobre el sujeto del derecho a decidir. En una democracia occidental moderna el objeto de los derechos, aquel que los ostenta o disfruta, es el ciudadano, igual que las obligaciones. Esto viene de los primeros compases de la ilustración, del germen del individualismo filosófico, rompiendo con los derechos y obligaciones definidos por pertenencia a determinados colectivos sociales (nobleza, clero, tercer estado) o lugares geográficos (fueros, estatutos, etc.). El debate del ámbito territorial es incorrecto, no se trata de Guipúzcoa vs País Vasco vs España, porque el espacio de decisión y el voto es personal. Lo territorial es la consecuencia a posteriori, no la causa a priori, de la suma de esos espacios de decisión personales. Así, la idea de Tabarnia ha aparecido como una consecuencia del procés catalán, en absoluto era un demos decidido con anterioridad, fijado, impuesto por norma alguna o escrita en tablas de piedra por el dedo divino, es una consecuencia que aparece después.

Llama la atención que algunos académicos de dicho entorno como el profesor Jaume López asocien, tras algunos volatines intelectuales, el derecho a decidir a un proceso de empoderamiento ciudadano que además ligan a un principio democrático. Todo esto, además, sin detenerse a pensar por un segundo que, si fuera cierto que más empoderamiento es siempre más democrático, consecuentemente más desempoderamiento sería siempre más antidemocrático. Y entonces, ¿qué pasa cuando para empoderar a unos pocos hay que desempoderar a muchos? ¿ya sale la cuenta democrática? Algunos académicos, ya de otro nivel, como el catedrático Innenarity, se dan cuenta y sostienen en la equidistancia que la idea se ha convertido en un obstáculo, un término banal que no sirve para clarificar el debate, cuya materialización final sería el lanzamiento de una moneda que forzosamente excluiría los deseos de una parte de la población, argumentando la existencia de una que se considera nación aparte y otra que se considera parte de una nación. Pareciéndole que, si bien las proporciones serían discutibles, en cualquier caso serían significativas.

Sin embargo, un razonamiento más completo no es el que considera el derecho a decidir desde la óptica de la utilidad para esas dos mitades, porque en teoría de juegos es lo que se llama un «juego de suma nula»: lo que gana uno pierde el otro, sino desde la perspectiva moral del consecuencialismo. En efecto, si contempláramos desde esta perspectiva como bueno aquello cuyo resultado supone una mayor capacidad de decisión para el individuo, una mayor proyección de su voluntad política individual y sus libertades, que es el efecto que en teoría se busca, queda clara la contradicción.

Hoy los vascos deciden en sus municipios, en su diputación foral, en su comunidad autónoma, en su país y en su continente, en un juego de palancas que proyecta su influencia a nivel mundial, pues además de decidir cuentan y, por extensión, tienen derecho a decidir en qué lengua hablar, dónde trabajar, hacer negocios o residir. Ahora consideremos qué pasaría si esa parte que busca hoy el derecho a decidir del colectivo llevara a término por vía del mismo su intención final de independizarse. El efecto sería que todos dejarían de decidir en España, en Europa y perderían las libertades de poder desplazarse, trabajar, hacer negocios o decidir en una parte importante de su espacio actual, así como los españoles y europeos perderían los mismos derechos en el País Vasco. La cruda consecuencia no entra en el terreno de la hipótesis, es una realidad contrastada con el Brexit y ahora con el intento del procés, se revela que el ejercicio último del derecho a decidir tiene como consecuencia paradójicamente la pérdida de derecho a decidir y la influencia de las propias decisiones en el entorno.

Desde la perspectiva consecuencialista se rompe el equilibrio de la perspectiva utilitarista de Innerarity. Ya no es lo mismo que triunfe la hipótesis parte de una nación o nación aparte, porque en el primer caso ni gana ni pierde nadie, es lo que hay ya, pero en el segundo perdemos todos. Es más, considerando que el resultado del derecho a decidir es precisamente la pérdida de derecho a decidir, resulta estéril la digresión sobre la legitimidad o cualidad democrática del sí o el no al propio derecho a decidir, porque el concepto en sí es ilógico y su propio nombre una falacia petitio principii. Suponemos a priori que algo que se llama derecho a decidir aumentará nuestra capacidad de decisión, igual que muchos pensaron que las acciones preferentes eran, de hecho, preferentes. Pero en los dos casos es el mismo tipo de timo, un juego de márketing a escala de Estado, de clara neolengua orwelliana.

Finalmente, la pregunta relevante es también consecuencialista: ¿quién gana derecho a decidir con el derecho a decidir?, aún a costa del de sus conciudadanos. La respuesta es que sólo hay un colectivo que gana en este río revuelto: algunos de nuestros políticos que prefieren ser cabeza de ratón simplemente para tener más control, nos salga lo caro que nos salga.

La alternativa liberal vasca, la que defendí en Guipúzcoa desde Ciudadanos en las elecciones autonómicas, es formar parte de un todo más grande que nosotros mismos, e integrarnos en el proceso unificador de construcción de la identidad colectiva española y europea, porque la primera unificó en la península antes lo que la segunda está unificando en el continente después, fueron procesos de suma y no de resta, y abandonar así los atavismos de los viejos nacionalismos excluyentes que nos quieren vender sus acciones preferentes.

Iñigo Calderón Uríszar-Aldaca fue candidato de Ciudadanos por Guipúzcoa.