Derecho a decidir, derecho a destruir

CON CATALUÑA EN pleno mini 155, ya pide el PNV poder separarse de España y montar un Estado propio por la vía de mayoría parlamentaria en Vitoria o de referéndum y recoger ese «derecho» en un nuevo Estatuto. Es lo que tiene ser nacionalista étnico y no saber Derecho Administrativo ni Constitucional ni Internacional Público. Eres una nación porque tienes un idioma propio, dicen. Los constitucionalistas contestamos: eso hace de ti una tribu. Una nación es un esquema de poder donde el parlamento armoniza mayoría y minoría. Y añadimos: el euskera no tiene valencia política, es como el chotis.

Porque para Occidente hoy, la ciudadanía es una condición legal y no depende de identidades colectivas basadas en cualidades étnicas. Por ello resulta inadmisible que la patria se exprese de manera unánime a través de una Asamblea, sea Udalbitza o Electos, unida en la trainera o los castellets. Por eso lo que el PNV llama «superar» la autonomía es, en realidad, destruir la democracia. Sobre esto no puede haber compromiso. En cuanto los nacionalistas quieran reducir la minoría parlamentaria vasca a minoría nacional española, obligan al Estado a devolver el territorio nacionalista a su común condición de España regida desde Madrid. Un País Vasco sin autonomía seguiría siendo democrático. Un País Vasco regido por una tribu euskaldun con asamblea de electos y minoría nacional española, no. Por otra parte, intentar recoger ese «derecho» en un Estatuto regional es algo así como si el Ayuntamiento de Bilbao decidiese que tiene competencia para firmar tratados internacionales. Ni eso. Porque el Derecho Internacional Público no reconoce el derecho a la secesión en ningún caso, si bien las relaciones internacionales lo admiten para remedio de genocidio o grave vulneración de derechos humanos.

Es una pena porque el estatutismo era un buen compromiso. El Estado aceptaba no mandar en ese territorio y los nacionalistas aceptaban a los constitucionalistas en casa y al Estado como marco. Pero a partir del momento en el que el nacionalismo intenta acabar con la otra mitad del país y «superar» el parlamentarismo, no queda otra sino la abolición foral. Aclaremos que esto no es verdad revelada. En la Edad Media hubo una institución llamada «behetría de mar a mar» en la que sus habitantes elegían libremente al señor. Pero se abolió con Pedro de Castilla en el siglo XIV. Hoy secesión no reparadora yo solo conozco la de San Cristóbal y Nieves (54.000 habitantes) y la de Somalia para, en su día, recuperar Eritrea. La de Sudáfrica no incluye el derecho a fundar estado. Se queda en poligamia y otras excepciones para culturas indígenas. En Occidente en el siglo XXI, crear Estados sobre identidades étnicas es inasumible. Imaginemos a los nativos americanos invocando todos y cada uno de ellos sus culturas étnicas para formar Estados nación. En Europa es todavía peor porque esas iniciativas costaron dos guerras mundiales y cincuenta millones de muertos. Tampoco hay que dejarse engañar por la referencia al «ámbito vasco de decisión». Si en el momento carlista se hubiese respetado el ámbito vasco o catalán de decisión habría ganado el carlismo. Liberales en esos territorios, más bien pocos. Pero los liberales tenían en sus manos algo mucho más efectivo que la mayoría parlamentaria regional, tenían el paradigma, el espíritu del tiempo, llámenlo como quieran. Digamos que en 1833 no podía haber ni Santa Inquisición ni juicios de brujas aunque lo quisiesen la mayoría de los vascos. Pues hoy la mayoría parlamentaria de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa no puede constituirse en Estado étnico. El único Estado democrático posible para los vascos y catalanes es el español.

Siendo esto así, es irresponsable que los nacionalistas lleven 40 años actuando como si fuese posible y deseable levantar un Estado étnico unánime y tratando de vendepatrias a los constitucionalistas. Esas baladronadas no consiguen extender el código nacionalista sino sólo enardecer a sus partidarios y lanzar a los constitucionalistas al otro lado del espectro en una curva del conflicto clásica que suele ser el prólogo de guerras civiles. Lo mas increíble, con todo, es que el Ejecutivo español haya financiado y siga financiando esa máquina de destrucción social masiva, porque sin el BOE el trampantojo nacionalista se viene abajo. Se cerró Egin y no pasó nada. Se ilegalizó HB y tampoco. En cuanto a Cataluña, ya se ha visto que los suyos no son ni capaces de pagarle a Mas el embargo de su primera residencia.

Sin embargo, este juego de irresponsabilidades entre Madrid y Barcelona o Vitoria, aun siendo de imposible resolución, dista de ser inocente. Que se lo pregunten a los 35.000 catalanes que han perdido su trabajo gracias al famoso procès. O a las 3.500 empresas que han abandonado la comunidad. A las víctimas del terrorismo no se lo podemos preguntar. Ni hace falta. Ya dieron su vida, que es lo que más importa. Por el contrario, los responsables del engendro/ficción siguen viviendo como duques a cargo del presupuesto. Y esto está creando un hartazgo sideral en la ciudadanía que afecta al fondo mismo de 1978. Creamos las autonomías para que catalanes y vascos se socializasen en los modos del mundo y lo que han terminado por hacer, y con nuestro dinero, es crear una burbuja donde dos más dos son cinco. Vino la rendición de cuentas y tuvo que ser extranjera. Al PNV le echaron de la Democracia Cristiana por haberse metido en Estella. Cosa normal porque intentar montar un Estado étnico de la mano de un movimiento insurgente en Europa Occidental resulta no ya punible sino incomprensible. En cuanto a Cataluña, el revolcón que ha supuesto intentar verificar los mantras del nacionalismo, tanto en cancillerías como en mercados, pasará al Guinness del fracaso. Y los españoles nos preguntamos. Si rompimos Castilla en seis pedazos para encajarla mejor en el Estado (que no en España) y dimos estructuras estatales a provincias de 300.000 habitantes, ¿cómo justificarlo si la razón de todo era que catalanes y vascos se iban a sentir cómodos en una autonomía? Entrando en el fondo político del asunto. ¿Cómo criticar a TV3 o Euskal Telebista si TVE también es televisión de Estado? ¿O cómo abominar de las subvenciones de la Generalitat a la prensa si la renegociación de la deuda de Prisa se hizo en Moncloa? En lo referente a Cataluña. ¿Cómo es posible que el Estado consienta la promulgación de una Ley de Empoderamiento que es fiel reflejo de la Ermächtigungesetzhitleriana sin abolir la supuesta Ley y la Cámara que la promulga? En cuanto a Vitoria. ¿Va a consentir el Ejecutivo que una Cámara regional proclame el derecho de secesión unilateral en su articulado? ¿Todo lo que se propone hacer es recurrir ante los tribunales?

POR EL MOMENTO la indignación social es contenida. Que haya arrasado las terceras vías y los federalismos reparadores es excelente. Pero está arrasando también al PP por tibio, al PSOE por incompetente y a Podemos por no saber leer a Lenin. Veremos si Ciudadanos está a la altura del reto porque, en caso contrario, se va a abrir un conflicto institucional de alcance imprevisible.

En fin: perdón por este argumentario Petete pero es que alguien tendrá que enunciarlo: el Ejecutivo no lo hace. Se limita a repetir: «Es ilegal, es ilegal».

Ahora acaban de presentarse en Moncloa los del PNV. ¿Qué ha dicho Urkullu? «Queremos el ejercicio pactado del derecho democrático de la ciudadanía vasca a decidir su estructura política y su régimen de convivencia». Vamos, el derecho de la mayoría parlamentaria vasca a «superar» la autonomía y crear una Euskalherria Barataria con minoría nacional incluida. ¿Cuál es la respuesta de Rajoy a esa aberración? Confía en que el PNV «tendrá que hacer un esfuerzo por construir respetando naturalmente los marcos y los procedimientos que nos hemos dado entre todos».

Y Asturias, Baleares y Valencia en la recámara del despropósito sin que el PSOE o el PP digan nada.

Terminará mal.

José A. Zorrilla esescritor y director de cine. Su último libro es Historia fantástica de Europa.