JOSÉ MARÍA SALBIDEGOITIA ARANA-El Correo
Vista la experiencia catalana, que ha optado por una propuesta unilateral, paradójicamente un instrumento democrático como el referéndum se usa para impedir la pluralidad
La reciente convocatoria por parte de una autodenominada ‘dinámica ciudadana’ a una cadena humana para reivindicar el derecho a decidir separarse, por su importancia, invita a la reflexión. Ante el derecho a decidir separarse básicamente se pueden constatar tres posturas. Una: que no es un derecho ya que no está recogido en ninguna legislación. La segunda: que en determinados casos es una cuestión de hecho y, por tanto, debe ser regulada jurídicamente. Y la tercera: que es un derecho que tiene todo pueblo y solo hace falta su voluntad para ejercerlo.
Los que plantean que no existe el derecho a decidir argumentan que el hecho de no estar recogido en ninguna legislación es debido a que toda comunidad política tiende a protegerse y a hacerse duradera y estable, por lo que exige cambios constitucionales. E incluso las comunidades que desean constituirse en el futuro tampoco pretenden contemplarlo como un derecho para ellas.
Aquellos que proponen que es una cuestión de hecho subrayan que la reivindicación de un derecho a decidir separarse puede ser un hecho nuevo que está ahí, que no es posible ignorarlo y al que hay que dar una salida jurídica de carácter democrático. Esto es: que, como todo posible derecho, debe estar regulado tanto su delimitación y acceso como su ejercicio. Es decir, previamente se deben establecer la competencia, los sujetos de la decisión, los procedimientos, las condiciones de la decisión, su validez y estar pactadas las consecuencias de la separación, todo ello en aras de que una medida tan grave se tome de forma pactada entre todos los afectados y con el conocimiento previo, riguroso y cierto de sus consecuencias tanto beneficiosas como perjudiciales.
La última postura defiende el derecho a decidir como un derecho colectivo. Argumenta que «somos un pueblo; por tanto, tenemos derecho a decidir y la ciudadanía debe expresar su voluntad eligiendo su futuro». Se trata de una propuesta ideológica que, desde la perspectiva jurídica y política, implica que una parte de los vascos podrá decidir, sin apoyatura legal y de forma unilateral, sustituir los pactos estatutarios y constitucionales por otras normas que las otras partes de los acuerdos acatarán sin posibilidad de participar en ella.
Este planteamiento, en mi opinión, es prefijado y circular, pues dicho lo mismo de otro modo sería: «somos un pueblo y, como somos un pueblo, tenemos derecho a decidir para el futuro, que somos un pueblo». Los términos políticos se reiteran, se difuminan, no se concretan, para que así pueda ser cualquier cosa, jugando con tres conceptos sin definir: ‘pueblo’, ‘derecho a decidir’ y ‘futuro’. Todo pueblo se constituye por pacto entre sus miembros y no por la historia o lengua, y al ser sujeto colectivo no puede tener derechos subjetivos que oponer o reivindicar ante ningún tribunal. Luego no es cierta la afirmación de que como pueblo tengamos derecho a decidir separarnos.
Los derechos no existen en abstracto porque los derechos se ejercen en lo concreto. Y la falta de concreción de la materia a decidir trata de eludir definirse sobre la materia a decidir, que, como se sabe, no es otra que la de separarse y acabar con los acuerdos internos y externos que ya tenemos. Hay que concretar qué se quiere decidir, para saber si se ajustan a los principios democráticos, así como su oportunidad política, afección a terceros, etc.
Por último, la propuesta plantea como materia a decidir el futuro del pueblo vasco. Sin embargo, el indefinido futuro unido a un referéndum solo puede significar romper la relación anterior (el pasado) porque la consulta es un instrumento de decisión que no permite el pacto ni el consenso de cuestiones complejas. Es un medio de suma cero; por tanto inadecuado para acordar la constitución de una comunidad democrática inclusiva.
Vista la experiencia catalana que ha optado por esta propuesta unilateral, paradójicamente, un instrumento democrático como el referéndum se usa para acabar con los pactos en los que todos ganan algo, lo que de hecho supone impedir la pluralidad. El uso del referéndum para constituir comunidades políticas es un cambio inédito en democracia, ya que acaba con el sistema actual de pactos previos, entre vascos (Estatuto) y con el resto de españoles (Constitución).
Parece que los vascos no estamos inmunes al populismo que recorre Europa, ya que una característica de estos es sacar la política de las instituciones democráticas y llevarla a la calle, elevando a un indefinido pueblo a una categoría política superior a dichas instituciones, y otra, es que no concibe la política y la convivencia como negociación y pacto, porque implica admitir al otro, sino como materialización de sublimes ideas preconcebidas y superiores a ceder y compartir que supone la democracia.
En mi opinión, ante el populismo es necesario defender la democracia de la propia democracia, es decir, analizar y revisar el uso de los procesos y procedimientos democráticos a la luz de los principios democráticos, para superar la paradoja de que con el uso torticero de instrumentos democráticos se pueda limitar o acabar con la propia democracia.