Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 27/11/11
La sanidad universal con cargo a fondos públicos es la mayor conquista social a la que un país puede aspirar. Ninguna, como ella, garantiza la realización efectiva del principio de igualdad. Ni de ninguna, como de ella, depende el disfrute del derecho que posibilita el ejercicio de todos los demás: el derecho a la salud.
Por eso, cuando han saltado al primer plano informativo los gravísimos problemas que pueden existir para garantizar la prestación sanitaria y farmacéutica a los desempleados de larga duración, resulta extraño que el debate político se haya centrado en una norma de la Xunta, ciertamente de interpretación confusa y discutible, y no en la cuestión de fondo que, supongo, habrá dejado muy preocupados a cientos de miles de gallegos: que no es cierto que nuestro sistema de salud garantice la asistencia universal y gratuita, pues ese derecho depende de la cotización al INSS y esta, a su vez, de tener o no trabajo.
Aun a riesgo de equivocarme, pues las informaciones son contradictorias, creo que la Xunta ha hecho lo correcto al regular el llamado código 29, para tratar de resolver el problema administrativo de la asistencia sanitaria a los parados. Pero, sea como fuere, el auténtico problema -según lo reconocía ayer abiertamente la conselleira de Sanidad en una entrevista publicada por La Voz- es que tenemos un sistema legal que no asegura de verdad a los españoles el derecho a la salud universal con cargo a fondos públicos.
Por eso, antes de cualquier otro debate, es esencial garantizar ese derecho, respetando cuando menos tres principios esenciales.
Primero: El derecho a iguales prestaciones en todo el territorio nacional no puede depender para los españoles más que de su ciudadanía. Es posible que un mejor control administrativo exija la existencia de distintas tarjetas en función de la situación laboral, pero esa diferencia no puede afectar jamás a las prestaciones que un español, por el mero hecho de serlo, ha de tener aseguradas.
Segundo: Hay el riesgo de que, si la situación del empleo no mejora o, incluso, llegase a empeorar, pudiese ser necesario, para asegurar la viabilidad del sistema de la Seguridad Social, establecer algún tipo de limitación en las prestaciones. En tal supuesto extremo, esa limitación debería afectar a todos por igual, pues no cabe en cabeza humana que los parados vayan a ser castigados dos veces: con la pérdida del empleo y con la pérdida de los derechos sanitarios asociados al trabajo.
Tercero: De decidirse alguna limitación en una materia tan sensible, esta debería afectar por igual a todo el territorio nacional. Sería inadmisible, y podría estar ya comenzando a ocurrir con lo anunciado en Cataluña en relación con el pago por recetas, que acabásemos por tener en España diecisiete sistemas sanitarios, lo que supondría la mayor vulneración imaginable de la igualdad que garantiza el artículo 139 de la Constitución: «Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado».
Este es el verdadero problema que tenemos encima de la mesa y no el del código 29. Empeñarse en no verlo es hacer lo que los necios cuando alguien señala la Luna con el dedo y no miran a la Luna, sino al dedo.
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 27/11/11