El retorno con virulencia del movimiento ‘okupa’, que alcanzó su punto álgido en los 90, está generando una colisión entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. La crisis posterior al ‘boom’ en que los pisos alcanzaron precios estratosféricos dejó un mercado saturado con cientos de miles de casas adquiridas como fórmula de capitalizar el ahorro. Muchas de aquellas casas quedaron vacías cuando el mercado se congeló. Y muchas personas que aspiraban a tener una vivienda en propiedad vieron truncadas sus expectativas por el frenazo salarial derivado de la crisis. Cuando la economía empezaba a recuperar el pulso, el virus de marzo aplastó cualquier ilusión y coincidieron en el tiempo dos impactos sociales: muchos propietarios de segundas residencias quedaron confinados sin posibilidad de atenderlas y miles de personas perdieron sus trabajos y dejaron de pagar los alquileres. El cruce de ambos vectores favoreció la explosión de un mercado ilegal y mafioso que está comerciando con viviendas (vacías o no) para ofrecerlas a los nuevos ‘okupas’. La permisividad municipal en muchos casos y los resquicios que ofrece la ley facilitan la extensión de una actividad que genera graves perjuicios a los propietarios y un clima de inseguridad en los focos de mayor concentración.

Porque un fenómeno que hunde sus raíces en idearios anarcoides y antisistema centroeuropeos y protagonizado por jóvenes punkis de temporada y ‘homeless’ se ha acabado ampliando a segmentos sociales, que van de familias vulnerables a estafadores y oportunistas que quieren vivir del cuento. Una encuesta realizada en Barcelona -que es, con mucho, el paraíso de la ‘okupación’- apuntaba que el 60% de los ciudadanos reprocha a la alcaldesa, Ada Colau, excesiva permisividad con esos movimientos. El Centre de Estudies Sociológics constataba que grupos de ‘okupas’ se habían adueñado de equipamientos municipales a sabiendas de que la alcaldesa no movería un dedo. La degradación de las zonas ocupadas, la inseguridad y la depreciación de las viviendas le preocupa menos que su imagen. No hay que olvidar que ella llegó a la alcaldía aupada por su papel de activista centrada en reivindicar el derecho a la vivienda y evitar los deshaucios. El hecho es que los ayuntamientos «del cambio» no solo no buscaron soluciones al problema, sino que alentaron y permitieron el fenómeno. En su galaxia ideológica, las ocupaciónes eran «iniciativa sociales». Ese contexto político-populista ha llevado a que los sectores más radicales nieguen el derecho a utilizar la compra de un piso como modo de obtener pusvalías. Incluso a discutir el derecho a la vivienda en propiedad. Neo-socialialismo oportunista e irreal.