Derechos al abismo

IGNACIO SOTELO, EL PAIS – 16/05/14

· La independencia catalana sería una catástrofe para España y para Cataluña.

El título no peca de patético, describe simplemente la situación ante la que nos encontramos. La independencia de Cataluña tendría consecuencias catastróficas para la misma Cataluña, que tardaría una generación en recuperarse, pero también para el resto de España, que no aguantaría política ni económicamente la pérdida del 20% del PIB, algo que a su vez pondría en cuestión la supervivencia del euro. No en vano España ocupa la cuarta posición en la eurozona.

Si añadimos las tensiones separatistas —desde Escocia y el Véneto, hasta Bélgica— se explica que el empeño soberanista de Cataluña levante verdadero pavor en Europa. ¡En qué mundo ficticio vivirá el presidente de la Generalitat para pasearse por Europa pidiendo comprensión y ayuda para su proyecto independentista, sin percatarse de los motivos de que nadie importante lo reciba!

Estremece observar que el independentismo catalán se niegue a reconocer los hechos más elementales, incluso no acepte la evidencia, confirmada una y otra vez por las instituciones comunitarias, de que Cataluña quedaría fuera de la UE. Es difícil de prever el tiempo que pase hasta que fuera admitida, pero sí lo son los grandes problemas que plantearía este interregno: se volvería a la peseta, se inventará otra moneda, o se seguirá utilizando el euro, pero ya sin vinculación con el Banco Central Europeo, como hace el Estado Vaticano.

El nacionalismo interpreta las advertencias sobre los enormes costes de la secesión para catalanes, el resto de los españoles y la eurozona, como meras amenazas sin base real, que no pretenden más que vetar que la nación catalana adquiera el rango de Estado soberano al que tendría pleno derecho.

Pero no menos escalofriante es la pasividad de las instituciones políticas del Estado, a la cabeza el Gobierno, sin otra respuesta que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Hay que ponerse a temblar cuando el presidente del Gobierno se enroca en su impotencia, alegando que él, ni nadie, pueden consentir un referéndum que no encaje en la Constitución, la misma que garantiza que Cataluña en ningún caso pueda acceder a la independencia. En consecuencia, la política adecuada es no moverse del no, a la espera de que se desinfle la terquedad nacionalista.

En vez de servir la Constitución para enmarcar en una dimensión jurídica a la política, la convierten en su impedimento principal. Pero por mucho que se sacralice, en todo momento ha de acomodarse a las circunstancias que permitan hacer política, y no vale refugiarse en ella para bloquear las que no gusten. En agosto del 2011, la presión del capital internacional bastó para llevar a cabo con la mayor celeridad una reforma del artículo 135 que garantizase la estabilidad presupuestaria. Cuando los ajustes marchan a favor de la propia corriente, se puede; cuando se trata de frenar las políticas que se rechazan, la Constitución se erige en el gran obstáculo.

No faltan catalanes que por la independencia, un bien que consideran superior a cualquier otro, estarían dispuestos a pasarlo mal, tanto y tan largo como fuere necesario, pero son, sin duda, una exigua minoría. La mayor parte de los que se inclinan a las tesis soberanistas, en rápido aumento este último tiempo, ignoran los altos costes que tendrán que pagar. Por eso se atreven a huir de una España en la que falta una visión de futuro medianamente ilusionante.

Ante la perspectiva de que siga la corrupción, el paro masivo, el desmontaje del Estado social y la desigualdad social, como el único crecimiento que se constata, vale probar algo nuevo. Una Cataluña independiente representa un empezar sobre bases nuevas que sostienen la esperanza de que al fin se salga del atolladero. Se ocultan los altísimos costes que para todos implicaría esta salida, siendo el remedio tal vez peor que la enfermedad, pero es la única perspectiva esperanzadora que se divisa en una España que se desploma a ojos vista.

Pese a que la opción republicana se va perfilando, a la vez que el independentismo en Cataluña, como formas de escapar de la casa de los horrores, el Rey no abdica en su hijo, como último intento de salvar la monarquía. Tampoco el partido del Gobierno reacciona ante la podredumbre en que se asienta, a pesar de que cada día se perciba con mayor clarividencia. Sin otro consuelo que una palabrería inane sobre un débil crecimiento económico, que no corregirá a medio plazo el altísimo desempleo, España se revuelve en el chapapote, sin una visión común de lo que pudiera ser un futuro diferente. En tal situación se comprende que el único anhelo sea escapar, individualmente emigrando, o colectivamente por la vía secesionista o republicana.

Llama la atención en Europa que el Gobierno no busque una solución negociada. Si se ha llegado al punto extremo de que una comunidad autónoma pida un referéndum sobre su permanencia, aun a riesgo de que otras demanden lo mismo, no cabe más que organizarlo lo antes posible.

Refugiarse en prohibiciones y ambigüedades constitucionales, además de dar la razón a los contrarios, elimina la ocasión de convencer a la mayoría de los altísimos costes de una separación, dejando así que crezca el número de los que la apoyen. En cambio, un matrimonio con desavenencias puede durar, si ambas partes son conscientes de que su disolución se paga a un alto precio y cabe negociar nuevas reglas de convivencia. En democracia no cabe mantener la unidad del Estado contra la voluntad de la mayoría, y esto solo a duras penas en un régimen autoritario.

Según el artículo 2 “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, luego la “indisoluble unidad” es principio anterior a la Constitución, en cuanto esta se fundamenta en él. Porque somos ya una “unidad indisoluble” nos damos una Constitución. Se da por supuesto que la nación antecede al Estado, aunque en nuestra historia el Estado haya precedido a la nación, producto mucho más tardío.

Pero, nada tan inoportuno como introducir principios metafísicos, como el que somos por esencia y para siempre una unidad indisoluble, como fundamento último de un texto jurídico, cuyo carácter principal ha de ser su elasticidad para acoplarse a las situaciones más diversas.

Confieso que no veo salida, como no sea una trágica, al enfrentamiento de las aspiraciones secesionistas de una parte del pueblo catalán que se crece con las dificultades, y la cerrazón del nacionalismo español, embutido, como todos los nacionalismos, en supuestos metafísicos, que los convierten en principios irrenunciables, que hacen imposible cualquier negociación basada en consideraciones racionales, o por lo menos, razonables.

En democracia, nada es sagrado y todo es discutible y negociable incluso el orden jurídico que incluye a la Constitución en en la cima. Pero algo tan elemental ¿podrá cuajar en una democracia harto imperfecta, que está a punto de derrumbarse, barrida por la ineptitud y la corrupción?

Muchas veces en nuestra historia hemos asistido a enfrentamientos que, pese a las advertencias de los peligros que se cernían, no pudieron controlarse a tiempo. ¿Acaso no hemos aprendido las lecciones del pasado y seguimos dispuestos a no movernos de los principios asumidos, por altos que sean los riesgos? Más que una crisis económica, moral y política, que también, estamos viviendo el fondo trágico de esa mentalidad archiconservadora de mantenerlo y no enmendarlo.

Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología.