LIBERTAD DIGITAL 20/07/17
EDITORIAL
· Con el Estado desparecido en Cataluña, a nadie puede extrañar que los nacionalistas se dispongan a perpetrar una irreparable fractura social con el espantajo del 1-O.
Los cabecillas del golpe de Estado separatista justifican sus propósitos delictivos con la excusa de que han intentado pactar con el Gobierno un referéndum y no lo han conseguido. La mecánica dialogante de los golpistas no difiere gran cosa de la que practican los atracadores con sus víctimas, de tal manera que si no consiguen sus propósitos por las buenas lo plantean a las malas. No es novedad. Durante décadas, el nacionalismo catalán ha impuesto sus tesis por las bravas, a base de sanciones, multas y señalamiento de los disidentes y en un flagrante incumplimiento de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en materia de usos lingüísticos, entre otros ámbitos. Han arrinconado el español en la escuela, amenazado a los padres que pedían que el español no fuera considerado una odiosa lengua extranjera, hostigado a quienes denunciaban la discriminación implícita en la «atención individualizada» de los niños «españoles», llevados a un rincón del aula y tratados como inadaptados sociales.
La imposición del modelo nacionalista de escuela ha pisoteado los más elementales derechos de miles de familias y ha hecho desistir a muchas más para evitar problemas a sus hijos y esquivar la defunción social y laboral implícita en la acusación de las fetuas separatistas de «politizar la enseñanza» y «atentar contra la cohesión y la convivencia». La Generalidad y los centros educativos públicos, así como numerosos concertados, incumplen con publicidad y regodeo todas las sentencias contrarias a sus prácticas totalitarias obtenidas gracias al coraje de decenas de familias. Nunca ha pasado nada, salvo que los denunciantes han tenido que cambiar a sus hijos de colegio, dejar el trabajo, cerrar más de un negocio de cara al público y trasladarse de localidad.
Con el Estado desparecido en Cataluña en una materia tan sensible y en tantas otras, a nadie puede extrañar que los nacionalistas se dispongan a perpetrar la tropelía de provocar una irreparable fractura social con el espantajo del 1-O. Los responsables directos de la situación pretenden afrontar el impacto parapetados tras una red clientelar que ha servido durante años de pantalla para simular un escenario democrático donde se desarrollaba la planificada construcción de un régimen totalitario. Ahora amenazan con tomar las calles porque ningún Gobierno de España ni ningún poder del Estado les ha parado los pies cuando durante décadas han violado derechos elementales invocando los delirios más clasistas, racistas y supremacistas.
Que el Ayuntamiento de Castelldefels, gobernado por una alianza de socialistas y separatistas, denuncie y señale a una veintena de padres que se atreve a pedir que se cumpla la ley y haya seis horas lectivas de español a la semana en lugar de tres mal dadas, y además para apuntalar el odio a España, debería provocar una respuesta inmediata del Estado, pero lo único que provoca es la convocatoria de una manifestación de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) frente a la sede consistorial, a la que a lo mejor asiste algún concejal del PP o de Ciudadanos.