El mal llamado proceso de «desconexión» va a poner a prueba todos los resortes y dispositivos defensivos del Estado, cuyos abogados trabajan a destajo pero cuyo discurso no goza de buena salud en tiempos de populismo, desintermediación, horizontalidad y neocaudillismo. Aquel reclamo compartido por nacionalistas y populistas –«la democracia está por encima de la ley»– expulsa por el sumidero el principio representativo y, a la larga, las garantías jurídicas que salvaguarda el modelo liberal.
La reforma del artículo 135 del reglamento del Parlament es un paso más en la demolición del parlamentarismo y una prueba del derrotero comunero que ha tomado el independentismo. Puede el lector estar seguro de que una Cataluña independiente no se parecería en nada a Dinamarca, como presume el itinerante Artur Mas.
Junts pel Sí justifica su iniciativa porque la «situación excepcional» requiere «trámites excepcionales». El sofisma pretende hacernos creer que la tramitación excepcional se vincula únicamente a la celeridad del procedimiento y no tiene relación con los mecanismos de control, discusión y respeto de las minorías durante el trámite legislativo. Precisamente y por pura lógica, la excepcionalidad requiere de mayorías reforzadas y no simples.
Para garantizar la celeridad, la dinámica parlamentaria incorpora la «lectura única», que consiste básicamente en aprobar los proyectos o proposiciones de ley en su conjunto; reduce los trámites al mínimo que garantice el acuerdo de la oposición y evita las enmiendas y el debate en el Pleno, donde el texto llega consensuado, pulido y listo para la votación. El nuevo reglamento mantiene la lectura única, pero vicia su sentido pues prescinde de la obligación de que todos los grupos firmen la proposición; basta con la del grupo promotor. Se incluye para despistar la trampa de exigir el acuerdo de la Junta de Portavoces, en la que los insurrectos gozan de mayoría simple. O sea, no hay debate ni antes ni después, sino rodillo independentista.
No es sólo que los separatistas estén dispuestos a proclamar la independencia con mayoría raspada –cosa que pondría los pelos de punta a los más conspicuos defensores de la vía Québec–, que también; es que consideran que ni siquiera el Parlament refleja fielmente la mayoría social, cuya representación la ejercen las distintas fuerzas y las organizaciones extraparlamentarias que constituyen la ensalada independentista. En resumidas cuentas, JxSí se inspira en la CUP para derribar el parlamentarismo burgués. Su happening cada Onze de Setembre y sus urnas de cartón manifiestan la «voluntad democrática del pueblo de Cataluña» y sustituyen a las elecciones.
Decía el pensador Frédéric Bastiat para defender el parlamentarismo frente al marxismo –que consideraba que el Parlamento era un obstáculo para la revolución y utópica abolición del Estado– que la ley es «la organización colectiva del derecho de legítima defensa». Los separatistas arremeten contra el Estado y erosionan los derechos de los ciudadanos que no comparten sus propósitos. El juego parlamentario se basa en la relación entre Gobierno y oposición y mayorías y minorías, sobre la base de la alternancia. El Parlamento es esencialmente discusión. La reforma del reglamento enmudece a la oposición –lo mismo que la caprichosa alteración del orden del día, regulada en el artículo 81–, lo cual no supone problema para los independentistas, pues según ellos la oposición no representa al pueblo catalán.