«Lo tenemos merecido», denunció Joseba Arregi tras el último comunicado etarra evidenciando la falacia de una derrota de ETA a la que las elites políticas han renunciado: «Es realmente indignante lo fácil que tragamos la enorme contradicción de reconocer que ETA ha matado por razones políticas, para materializar un proyecto político, y el carácter radicalmente privado de todo lo que se le exige a ETA en su final». Años atrás, cuando el nacionalismo vasco ansiaba un final del terrorismo como el que ahora se le concede, centrado solo en los medios violentos mientras quedan indemnes los fines nacionalistas y la ideología compartida por ETA y PNV que los legitima, Aurelio Arteta exigió no solo una «derrota por un KO legal y policial», sino también «por otro político y moral». El Estado ha desistido de aplicar la justicia política que la verdadera derrota de ETA exigía para merecer ese nombre. Se expresa solidaridad con las víctimas ignorando que fueron asesinadas para lograr metas políticas y que, por tanto, la justicia hacia ellas exige mucho más que indemnizaciones y promesas.

Este tramposo final de ETA llega a costa de la rehabilitación política y social del entorno terrorista, auténtico poder fáctico y cómplice necesario del terrorismo nacionalista. Así lo han querido quienes se vanaglorian de una derrota de ETA que constituye, parafraseando a Hannah Arendt, «una mentira política organizada». Se oculta tan seria anomalía democrática, ya normalizada, mediante la instrumentalización de las víctimas prometiéndoles «Memoria, Dignidad, Verdad y Justicia», mientras se les niega estas reivindicaciones.

La manida batalla del relato instrumentaliza la memoria con una política memorialística limitada a recordar las atrocidades y a reivindicar la injusticia de los crímenes, pero sin exigir la necesaria rendición de cuentas a los terroristas nacionalistas y a sus cómplices. Estos ya han recibido el perdón político y moral e incluso penal con numerosos crímenes impunes. Por ello, muchas apelaciones a la memoria equivalen a extraer la última gota de sangre de esas víctimas a las que se les promete justicia mientras se les niega tan irrenunciable derecho. Tzvetan Todorov desenmascaró a quienes se presentan como «bravos combatientes por la memoria y la justicia» que, sin embargo, utilizan la memoria como sustituto de la justicia para eludir sus «responsabilidades frente a las miserias actuales». Entre esas miserias que el discurso oficial sobre el final de ETA omite: la legitimación del terrorismo mediante la presencia de los representantes de ETA en las instituciones tras una legalización que obedeció a criterios políticos, no jurídicos, con la connivencia de los principales partidos y el fraude de ley de un Tribunal Constitucional que, sin competencia para ello, neutralizó la ilegalización dictada por el Supremo. Hoy escuchamos grandilocuentes llamamientos al recuerdo de las víctimas como pretexto para olvidar su significado político. Las consecuencias del terrorismo son blanqueadas incluso por algunos demócratas que abusan del sentimentalismo para vaciar de contenido político la violencia nacionalista, borrando cómo esta ha deformado el tejido político y social del País Vasco y Navarra.

El mutis de ETA es un show propagandístico rentabilizado por quienes la legitiman ante la inacción de un Gobierno español que solo contrapone un eslogan: ETA ha sido derrotada. La realidad demuestra que se trata de un significante vacío con el que ocultar la dejación política que ha evitado una verdadera derrota del terror nacionalista. Ciertamente, como ETA reconoció en 2011, no ha logrado sus objetivos estratégicos pues «si no Euskal Herria aparecería en los mapas del mundo como un país libre». Pero ETA puede reivindicar que, pese a no haber ganado, su «lucha no ha sido en balde». Ésta es la derrota del vencedor que debería avergonzar a sus responsables. Como algunas víctimas denunciaron, aunque los terroristas no lograron «todo lo que buscaban» sí ganaron «su batalla política imponiendo su paradigma de legitimación de su ideología». ETA ha conseguido que hablemos de sentimientos en lugar de hacer justicia a las víctimas, una justicia que necesariamente debe ser política. Se ha renunciado a una justicia política que interpela a los lobbistas de ETA y al nacionalismo representado por el PNV que obtuvo ventajas políticas, y que consolidó su poder gracias a la violencia contra los constitucionalistas. Hoy, en 194 ayuntamientos de mayoría nacionalista y solo 14 no nacionalistas, el PNV cuenta con 1.018 concejales; Bildu, con 894; el PSE, con 196; y el PP, con 79.

Muchos demócratas ya han perdonado al terrorismo nacionalista su culpa política y moral. Con notable hipocresía rechazan los homenajes a etarras mientras se niegan a hacer cumplir dos leyes de víctimas, una nacional y otra autonómica, que los prohíbe expresamente. Incoherente resulta reivindicar la derrota de ETA cuando toleran rituales con los que los terroristas se desprenden simbólicamente de toda culpa, reforzando el esquema moral que justifica el terror mediante ese reconocimiento social y político. Así se impone el relato que culpabiliza a las víctimas y absuelve a ETA sin que quienes se declaran indignados hagan nada por impedir tamaña injusticia. Prometen honrar a las víctimas y la deslegitimación del terrorismo, pero sus actos evitan deslegitimar a quienes, ante la indefensión de aquellas, imponen el control del espacio público, a quienes tuvieron y tienen como misión la no condena de ETA y, por tanto, la legitimación del terror nacionalista.

ETA YA ha recibido su indulto político y moral mediante la naturalización y normalización democrática de sus representantes, evidenciando una dejación del Estado que el mantra de la derrota de ETA intenta encubrir. El perdón a ETA y la renuncia a derrotarla verdaderamente también se aprecian en la petición de una víctima a Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy que, al igual que Rodríguez Zapatero, se negó a aplicar las órdenes internacionales sobre Josu Ternera tras localizarlo en Suiza y Noruega: «No apelo a usted solo en su condición de representante público. Sé que hace poco ha sido madre; por ello apelo también a esta condición para que nos ayude a que se haga justicia por el asesinato de mis hijas y de mi hermano». Hoy son muchos los que promueven una amnesia consentida que subestima las graves cesiones políticas al terrorismo. Lo hacen mediante su comparación ventajosa con un final de ETA que utilizan como bandera para esconder cuan injusto y humillante ha sido para quienes tanto sacrificaron.

Rogelio Alonso es autor de La derrota del vencedor. La política antiterrorista del final de ETA, que será publicado por Alianza Editorial en la segunda quincena de mayo.