Tal y como anunciaron el pasado viernes, los cinco investigados por quemar fotos del Rey y páginas de la Constitución en la manifestación de la izquierda independentista del 11 de septiembre, no acudieron ayer a declarar por un supuesto delito de injurias a la Corona como les había ordenado la Audiencia Nacional. Los acusados debían comparecer ante el juez Fernando Andreu por videoconferencia desde la Audiencia de Barcelona pero ni fueron ni justificaron su ausencia.
Tres de los cinco acusados, Ivan Altimira, Nora Miralles y Roger Santacana, son miembros de la CUP, mientras que también fueron imputados Aitor Blanc, concejal de Som Gramenet en el Ayuntamiento de Santa Coloma (Barcelona) –una alianza de izquierdas en la que también está Podemos–, y Jordi Almiñana. Los activistas explicaron en un acto el pasado viernes su intención de «desobedecer» al juez, pese a que admitieron que durante la manifestación se produjo esta quema de fotografías. Consideran que no es delito incendiar imágenes de una institución que, a su juicio, ha «reprimido a los Països Catalans» y alegaron que se limitaron a ejercer su derecho a la libertad de manifestación y de expresión. En este acto del pasado viernes contaron con el apoyo de otros miembros de la CUP, como la diputada en el Parlament Mireia Vehí, y con los tres concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, María José Lecha, Josep Garganté y Maria Rovira.
En su intervención en este acto y ante una pancarta con el lema Ni Rey ni miedo. Desobedecemos con una imagen en la que se podía ver una foto ardiendo de Felipe VI, los investigados Altimira y Miralles también pidieron explicaciones al Departament de Interior de la Generalitat porque los Mossos d’Esquadra abrieron de oficio una investigación para identificar a los autores de la quema de fotografías durante la manifestación de la izquierda alternativa y anticapitalista el pasado 11 de septiembre. Esta protesta fue convocada, como cada año, por las organizaciones Alerta Solidària, Arran, Candidatura Obrera Sindical (COS), CUP, Endavant y Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y acudieron varios miles de personas según los organizadores.
Durante el trayecto se lanzaron proclamas a favor de la independencia de Cataluña y contra los recortes realizados por las diversas administraciones en los servicios públicos. Además, se quemaron banderas españolas, francesas y de la Unión Europea, aunque los activistas impidieron a los medios de comunicación tomar imágenes. Una decena de personas, a cara descubierta, también quemaron fotografías de Felipe VI y una fotocopia de la portada de la Constitución que había en su reverso. Los Mossos identificaron a varias personas que participaron en la protesta en su informe y lo remitieron a la Audiencia Nacional. El juez Andreu citó a los cinco activistas como investigados por este delito de injurias a la Corona.
Tras la negativa de los investigados a acatar la resolución de la Audiencia Nacional y escuchar la declaración, se les podría acusar de un delito de desobediencia e incluso ordenar a los Mossos d’Esquadra su detención. Les pasaría igual que a la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, que fue arrestada por la Policía tras no acudir a declarar ante un juez en dos ocasiones, en otra causa abierta por desobediencia ya que no quiso descolgar la estelada del balcón del Ayuntamiento en campaña electoral pese a una orden de la Junta Electoral Central. Ante esta posibilidad de una detención, los investigados en la Audiencia Nacional pidieron a los Mossos que se posicionasen sobre «si están al lado del proceso soberanista catalán o a favor de España y de la Monarquía». También reclamaron a Interior si dieron «órdenes políticas» para identificarlos.