LA SOMBRA del 3% es muy alargada. Aunque la Justicia española es lenta, los procesos siguen su marcha. Ayer, la Guardia Civil detuvo, por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), a 18 personas vinculadas a Convergència y a empresas públicas dentro de la Operación Pika por el cobro de comisiones en licitaciones. Esta operación es una derivada del caso Petrum, en el que se está investigando la financiación irregular de CiU, que nació en 2014 tras una denuncia contra el alcalde de Torredembarra (Tarragona), Daniel Massagué, por un delito contra la administración pública y por el que terminó encarcelado.
En esta ocasión, la investigación se centra en diversas operaciones del Ayuntamiento de Barcelona cuando estaba dirigido por Xavier Trias, como el concejal de Urbanismo Antoni Vives y afecta también directamente a políticos muy cercanos a Artur Mas. Entre estos, fueron arrestados Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona y amigo personal del ex president, y el ex secretario general de CDC, Francesc Sánchez –elegido por Mas para dirigir la transición de CDC al nuevo Partido Demócrata Europeo Catalán– y el ex tesorero de la formación, Andreu Viloca.
Junto a ellos fueron retenidos varios directivos de empresas como Pasquina, Grupo Soler, Rogasa y Oproler, acusados de haber pagado comisiones para beneficiarse de las adjudicaciones de diversos contratos públicos.
El Fiscalía detalló cómo los acusados amañaban los concursos para lograr las licitaciones «bajo la apariencia de legalidad» y acusa directamente a Viloca, tesorero también de la Fundación CatDem que recibía el dinero de las adjudicatarias, de controlar «de forma sistemática» los pagos que hacían los empresarios, que «serían sobornos bajo la apariencia de donativos». Los afectados por esta nueva redada contra la corrupción de CiU están acusados de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
Esta nueva operación es otra muestra palmaria del sistema corrupto que había instaurado Convergència allí donde tuvo algún poder en Cataluña. Y que ese sistema estaba enraizado en la cúpula del partido y de sus fundaciones. No hay más que ver la lista de acusados, colaboradores directos de los líderes del partido y altos cargos de la Administración catalana. Por eso y aunque las investigaciones judiciales no han llegado todavía a Artur Mas –o a Xavier Trias–, no es demasiado aventurado pensar que estuvieran al tanto de las irregularidades. Y, en el caso más favorable para ellos, tienen que asumir las responsabilidades políticas que se derivan de no haberse enterado de estar trabajando durante años con presuntos ladrones de guante blanco, que montaron a su alrededor una trama organizada que sirvió para financiar a CDC, por una parte, y a crear una red clientelar de empresas que sólo podrían trabajar con el sector público Catalán si aceptaban el chantaje.
Por acción o por omisión, Artur Mas, presidente de la Generalitat y líder de CDC durante los hechos que se investigan, es responsable y, como mínimo, debe dar explicaciones cuanto antes a los catalanes. Pero la propaganda independentista se escudó ayer de nuevo en el victimismo y presentó la redada como un nuevo ataque del Estado al proceso soberanista.
Mas no quiere asumir responsabilidades ni va a dar la cara ante los ciudadanos para explicar estos hechos bochornosos de Convergència. Sin embargo, ha organizado una campaña propagandística en torno a su figura con motivo de su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona la próxima semana por desobediencia al organizar la consulta del 9-N de 2014.
Es un ejemplo más de cómo la deriva secesionista intenta tergiversar la realidad en Cataluña. En la búsqueda de una utopía imposible, el independentismo deja de lado la cuestión trascendental que ha marcado la vida política catalana en los últimos decenios: la creación de una inmensa red de corrupción que sirvió para el enriquecimiento personal de algunos –como la familia Pujol– o para asegurar la permanencia en el poder de un auténtico régimen político basado en la extorsión. Ahora, la escalada independentista crece pareja a las investigaciones sobre la corrupción de CiU.