No es el único que hay en estos momentos y ni siquiera el más grave, pero tiene un tamaño considerable. Me refiero al ámbito de lo fiscal. Las comunidades autónomas regidas por el PP –que ahora son la gran mayoría–, se han rebelado en contra de las directrices gubernamentales. Un poco por ideología, otro poco por poner en valor su parcela de poder y no poco por tocarle las narices al ministerio de la señora Montero, los responsables autonómicos han modificado, cada uno por su lado, la estructura de los impuestos, lo que ha terminado por convertir la situación en un laberinto indescifrable y un galimatías incomprensible. Ayer fue la Comunidad Valenciana la que se sumó al espectáculo de la desarmonización con sus medidas para reducir la carga fiscal soportada por sus ciudadanos. No es necesario recordar que su Gobierno cambió de color en la últimas elecciones autonómicas.

Aquí se dan tres situaciones muy curiosas. El PP acostumbra a cargar contra el Gobierno por su tendencia a mejorar la situación de Cataluña, aduciendo eso tan cierto de que crea desigualdades entre los españoles. Lo cual es tan cierto como grave. Pero no tiene empacho en crearlas él, allá donde tiene los medios de hacerlo. En este sentido, el tratamiento dispar del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio son quizás los dos casos más significativos pero, desde luego, no son los únicos.

Por otro, los intentos de revertir la situación por parte del ministerio se han saldado con fracasos estrepitosos, aderezados por una intolerable dosis de precipitación y mala praxis. El ejemplo reciente de la recaudación obtenida por su proyecto estrella, con el Impuesto sobre el Patrimonio, es muy esclarecedor. Para enfrentarse a la eliminación madrileña diseñó un nuevo impuesto que pretendía sortearla con una redacción precipitada y torpe que ha permitido el ‘escape’ parcial de sus pretendidos destinatarios. Gracias a esos fallos, los ricos han podido descontarse 500 millones y Hacienda ha recaudado menos de la mitad del dinero previsto. Una buena chapuza. La tercera curiosidad es que sea precisamente la autonomía con mayor capacidad normativa la que ‘menos se mueve’. El País Vasco cuenta con el Concierto Económico del que tanto alardea y tan poco utiliza.

Si quiere comprobar a donde lleva todo eso, mire las estadísticas que reflejan el traslado de empresas (de las personas no conozco su existencia, pero seguro que son parecidas) de unas comunidades a otras. Madrid sigue siendo la que más recibe, mientras que Cataluña y el País Vasco son las que más pierden. ¿Casualidad? No lo creo.