DAVID GISTAU-ABC
¿En qué otras cuestiones no tiene interiorizados los tópicos democráticos la jefa de los servicios de inteligencia?
RESULTA comprensible que en el PP exista cierta desesperación por encontrarle méritos a Rajoy. Podría ser peor: podrían tener que buscárselos a García Albiol. Si en Roma existía la tradición de conceder a los generales el derecho a usar como nombre propio el de la provincia sojuzgada, la campaña del PP más allá del «limes» constitucional consiste en improvisar un Triunfo a los veteranos del 155 del cual el presidente salga ungido como Magnus Marianus Catalanus, o algo así, lo cual, enviado a la posteridad con cincel y mármol, es la leche para quien tan sólo pretendía ser un señor cualquiera de Pontevedra. Fantaseo ya con Columnas Marianas donde el barco de Piolín aparezca tallado en el bajorrelieve de una narración en espiral como la de Dacia, aunque tal vez podamos evitarnos la parte de la presentación de cabezas cortadas al emperador: esa gente no se conformaba con quemar la hamburguesa.
Cuando había que reaccionar en Cataluña, y hasta que aplicó un 155 reticente que, todo hay que decirlo, no encontró resistencia de ningún zelote supuestamente predispuesto al sacrificio, el Gobierno solía delegar las obligaciones, es decir, solía transferir el marrón. A los jueces, a la fiscalía, al discurso del Rey, incluso a los españolistas de Cataluña que tenían que salir a ganar la calle, cosa que hicieron. Pero ahora, metido en una campaña electoral cuyas expectativas son nefastas, el Gobierno ansía acaparar todos los méritos, incluso los judiciales, de ahí que Soraya Sáenz de Santamaría haya salido en tromba a ufanarse de que su jefe «descabezó» hidras indepes y puso bajo cerrojo a los malevos. Toma ya pétalos vestales en la Vía Sacra en ofrenda de aquel a quien nadie en el PP recuerda que también él es mortal.
De acuerdo a las convenciones de derecho entre las cuales nos movemos, la Constitución sólo concede al presidente del Gobierno la facultad, a través del 155 «soft», de disolver el parlamento y el gobierno catalanes y convocar elecciones. Como cualquier otro ciudadano, el Gobierno puede además interponer querellas. Pero los descabezamientos y los encarcelamientos son, en teoría, facultad exclusiva de los jueces, siempre que nos empeñemos todavía en creer en la separación de poderes y en la ejemplaridad democrática incluso cuando la mismísima vicepresidenta del Gobierno hace declaraciones que las ponen en duda. ¿En qué otras cuestiones no tiene interiorizados los tópicos democráticos la jefa de los servicios de inteligencia?
Estamos ante toda una hazaña de la habilidad política. En plena campaña electoral, y sólo por la voluntad hagiográfica de lucirse ante el jefe, la vicepresidenta regala al independentismo una declaración que puede servir para legitimar los «fakes» acerca del eterno franquismo oculto bajo una máscara democrática. Sabemos que no es así. Pero sabemos también que no podemos permitirnos estos errores. Ni aunque haya sido declarado prioritario el hallazgo de un mérito de Rajoy.