La propuesta de Pedro Sánchez de desconcentrar parte de la Administración General del Estado de la capital de España localizando futuros y actuales organismos públicos en otras ciudades merece la pena reflexionarla. Entre otras cosas porque los socialistas la debatirán la próxima semana en su 40º Congreso Federal en la ponencia marco. No se puede despachar la idea con el simplismo de que esta redistribución territorial de sedes oficiales constituya «un nuevo ataque a Madrid». Entre otras muchas razones porque la ciudad comienza a estar saturada y algunas de sus infraestructuras estresadas. A Madrid le debiera interesar este debate, aunque solo sea por razones de sostenibilidad.

En la región residen 150.000 funcionarios y empleados públicos que con sus familias llegan al medio millón. Por el contrario, tenemos un grave problema demográfico en otras regiones españolas que si dispusiesen de entidades que atrajesen población y servicios podrían ser rescatadas del regular porvenir que parece esperarles. La forma de hacer España es precisamente esta: que la administración bajo la dependencia del Estado tenga referencias geográficas distintas que cohesionen el conjunto. 

Madrid, como capital de España por mandato constitucional (artículo 5º de la CE), siempre será la sede del Gobierno, de las Cortes Generales y del Tribunal Supremo. Su progreso se basa solo muy parcialmente en el llamado «efecto capitalidad» y resistirse desde la Comunidad y/o el Ayuntamiento a esta proposición permite la hipérbole crítica a sus adversarios verdaderos que atribuyen su bonanza socioeconómica a la instalación en la capital de las sedes de todos los organismos públicos del Estado.

No tendría que haber problema conceptual en discutir si el Tribunal Constitucional podría establecer su sede en Sevilla (AVE y aeropuerto); si el Tribunal de Cuentas tendría sentido que se instalase en Valencia (AVE y aeropuerto); si el ICO en Valladolid; si Soria podría albergar el Instituto Español de Estadística (INE); si Oviedo, Gijón, Coruña o Pontevedra, varias de las instituciones que estudian e investigan la agricultura, la pesca y la alimentación; si Toledo, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), si Cáceres o Badajoz, algunas de las agencias nacionales sectoriales o Zaragoza la Oficina de la OIT en España… y así crear una cohesión territorial mayor, sin primar a las comunidades que están ya entre las primeras del ranking de renta per cápita. Al modo en que en Ávila se residencia la Escuela Nacional de Policía o en Barcelona la Escuela Judicial. O a la manera de los Estados federales como Alemania cuyo Tribunal Constitucional se localiza en la ciudad de Karlsruhe y su Banco Central o Bundesbank en Fráncfort. Dos potentísimas instituciones fuera de Berlín.

La España vaciada que acaba de celebrar su III Asamblea en Priego (Cuenca) ha reunido a decenas de plataformas ciudadanas que como «Teruel Existe» están meditando seriamente coaligarse y presentarse a las elecciones generales próximas. Dos de esas plataformas son especialmente activas: «Soria ¡YA!» y «Jaén merece más». En el Congreso, si bien con un porcentaje alto de partidos nacionalistas (vascos y catalanes), se sientan ya varios representantes territoriales de organizaciones ciudadanas no identitarias y pequeños partidos: de Cantabria, de Navarra, de Teruel, de Valencia, de Canarias, de Asturias. Se registra un distanciamiento de los partidos nacionales, PSOE y PP en particular, que podría crecer si no se buscan alternativas a una mayor cohesión e igualdad territorial y económica en el conjunto nacional. Seguir el observatorio electoral de El Confidencial certeramente analizado por Ignacio Varela resultará una guía especialmente interesante a estos efectos.

«La política nacional se hacía desde Madrid»

La desconcentración administrativa de Madrid —y en cierto modo también política— no solo liberaría a la región en su conjunto de no pocos peajes tangibles e intangibles, sino que, además, por su posición geográfica la convertiría en ciudad central sin que pudiera ser tenida por centralista, ni por absorbente. De otra parte, la España ignorada —que es la vaciada— reclama infraestructuras que al ritmo de esa política de desconcentración podría adquirir un nuevo sentido y reequilibrar las actuales descompensaciones. Es, por tanto, un debate al que hay que acudir desde la Real Casa de Correos y desde Cibeles sin temores y reivindicando, al tiempo, que el Gobierno no reduzca la autonomía financiera constitucional de las comunidades para establecer las políticas fiscales singulares que aquella les permite. Los partidos nacionales deben ser coherentes con el ámbito territorial que cubren: todas las circunscripciones electorales de España.

 Ortega escribió en los últimos años veinte del siglo pasado varios artículos agrupados ahora (*) bajo el epígrafe «La redención de las provincias y la decencia nacional». En uno de esos textos, titulado ‘Primero, las provincias’, el filósofo madrileño escribía: «La política nacional se hacía desde Madrid. Pero como no se iba a buscar la nación donde en efecto está —recorriendo cada uno de los trozos de la península— la idea abstracta de ‘nación’ se llenaba irremediablemente con lo que el político tenía delante de sus ojos; esto es: con Madrid. De modo que, aun sin malicia, la buena intención de hacer una política nacional se convertía de hecho en la política de una parte solo: en política de Madrid. De puro querer ser nacionales, los hombres públicos eran madrileños, particularistas. Confundía la nación con su centro». Nada que añadir, la verdad.
  

(*) José Ortega y Gasset. Obras Completas. Tomo IV. 1926-1931 (Taurus)