Desde la pandemia, procuradores y abogados se encuentran muchas veces con que, cuando van a los juzgados, el funcionario que tiene que atenderlos está teletrabajando; que es un eufemismo para decir que está en su casa tocándose el níspero, pues no hay manera de comunicarse con él. “Es como si se hubiera mudado a Marte”, me dice mi letrado de confianza. Imagina el proceso kafkiano en el que, además, se habrá convertido la aventura de pleitear tras esa reforma de Bolaños de la que echan pestes jueces y letrados. Una magistrada lo explicaba en X con un símil fácil de entender, y nos decía que es como si El Corte Inglés hubiera organizado sus plantas por temas. En la 1, los pantalones de hombre, de mujer, de niños y niñas; de traje, de esmoquin, de pijama, de chándal; de tergal, de lino, de lana, de pana, vaqueros; cortos, largos, piratas, tobilleros, de campana… En la 2, todo tipo de chaquetas; en la 3, todas las camisas, y así sucesivamente. De ese modo, para comprarte un conjunto tendrías que recorrer varias plantas. Aunque, según tengo entendido, lo de la Justicia lo supera, pues se ha dado algún caso en el que  han repartido las dependencias de un mismo juzgado por diferentes edificios.

«Están teletrabajando»

Otro de los inventos que nos trajo el covid fue la cita previa, y ahora tenemos que solicitarla hasta para poner una denuncia en comisaría. Lo que en principio parecía que iba a suponer una racionalización de los servicios públicos, se ha convertido finalmente en una estafa al ciudadano, que se siente abandonado por el Estado. Algunos, hartos de intentar conseguir una, se personan donde corresponda y suben a las redes sociales vídeos de oficinas casi desiertas con muchas mesas vacías. Los funcionarios ausentes están teletrabajando, les dicen. ¿Pero en qué consiste el teletrabajo de quien tiene que atendernos presencialmente?

Y no te digo ya la risa que te da cuando, aburrida de que en tu centro de salud nadie te coja el teléfono, te presentas allí y encuentras las salas de espera vacías y a los administrativos charlando sobre cómo les salió la última receta de Arguiñano o sobre los planes que tienen para Semana Santa. Me pregunto qué sucederá cuando lleve tiempo en vigor la universalización de nuestra sanidad pública, que Mónica García anunció tan ufana como si pagara ella. En algunos países del otro lado del charco ya se están vendiendo paquetes turísticos con quirófano incluido, y en TikTok muchos hispanos que viven aquí animan a sus compatriotas a venir para tratarse sus dolencias: “¡La sanidad en España es gratis!”.

Y, por si esto fuera poco, la ministra calambres ha admitido que ha tomado la decisión al tuntún: ni siquiera se ha molestado en calcular cuánta gente se apuntará a la fiesta. Por tanto, ni ha tomado medidas extraordinarias ni tiene idea del impacto que tendrá en nuestra sanidad. Aunque cualquiera con dos dedos de frente puede deducir que esto terminará de colapsarla. No deja de resultar irónico que, después de haber hecho toda su carrera blasfemando contra la presunta privatización de Ayuso —jamás ha dicho nada contra los muchos hospitales Quirón de Cataluña—, su iniciativa estrella engordará los beneficios económicos de la sanidad privada.

La huelga de los médicos

Por cierto, ¿alguien sabe que los médicos están en huelga? La eléctrica Mónica García está felicitándose a sí misma por su generosidad planetaria y finge que la huelga no existe, pero los enfermos sabemos que es real cuando en el hospital nos dicen que nos harán las pruebas —porque se encargan las enfermeras— pero que, mala suerte, tus médicos hoy no pasan consulta. Y conste que yo apoyo la huelga; creo que cobran poco y que ninguno queremos que nos atienda —¡o nos opere!— quien lleva 24 horas de guardia. Pero como médicos y enfermos estamos solos, pediría a los facultativos dos cosas: que avisen a los pacientes de que no va a haber consulta para que se ahorren el viaje y que hagan ruido. Mucho ruido.

Volviendo a lo del timo de las citas previas, resulta que algunos inmigrantes emprendedores utilizan bots para apoderarse de todas ellas en cuanto salen y luego nos las venden. Antes sólo había trapicheo con las de Extranjería, pero como vivimos en el paraíso del delincuente, este negocio ilegal —en el que no se corre ningún riesgo— ha resultado tan lucrativo que han decidido ampliarlo. De modo que ahora en sus locutorios también venden citas previas para Tráfico, el SEPE, oficinas de empadronamiento de grandes ciudades, etc. Y si acudes a comisaría a la hora que te hayan citado previamente para denunciarlo, la policía te dice que no puede hacer nada.

La semana pasada varios medios escribieron sobre este problema, pero nadie del gobierno se ha dado por aludido. Ni siquiera Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. El hombre debe andar muy liado consiguiendo que podamos votar en varias mesas electorales falsificando el DNI digital. O tal vez esté ayudando a Pedro Sánchez a gestionar la guerra de Irán, que al pobre se le ha ido juntando una cosa con otra y no le dejan ni aprobar los presupuestos. Menos mal que desde la pandemia ya no tiene que dar explicaciones a nadie.