Andoni Pérez Ayala-El Correo
La capacidad de los partidos para articular un amplio acuerdo en torno a los graves problemas de la crisis debe asentar el tránsito a la ‘nueva normalidad’
El anuncio de la ‘desescalada’ por la que vamos a transitar en las próximas semanas hacia la ‘nueva normalidad’ proporciona una buena ocasión para plantear una serie de cuestiones en relación con la emergencia sanitaria que venimos sufriendo y que, a día de hoy, dista mucho de poder darse por concluida. Más allá del innovador léxico que viene utilizándose -‘desescalada’, ‘nueva normalidad’…-, los hechos que se han sucedido en la crisis, originariamente sanitaria pero cuyas dimensiones trascienden ampliamente ese ámbito inicial, obligan a centrar la atención en algunos de los problemas que han quedado al descubierto en ella.
En primer lugar, dada la naturaleza de esta crisis, sobre nuestro propio sistema sanitario, que a pesar de la valoración positiva que, en líneas generales, ha tenido hasta el momento ha mostrado unas lagunas que no deben pasar desapercibidas. En este sentido, y aunque ya ha sido objeto de numerosos comentarios críticos, no está de más reiterar que no tiene explicación alguna la falta del material más elemental (mascarillas, guantes, batas e instrumental básico, tests…) para poder hacer frente a una emergencia sanitaria como la que se nos ha presentado. A lo que hay que añadir las remesas defectuosas que repetidamente ha habido que rechazar por no ser aptas para su utilización, lo que resulta más incomprensible aún. No parece que sea un objetivo muy difícil de alcanzar poder contar con el material sanitario suficiente, o con los medios para hacerse con él cuando una situación de emergencia lo requiera, sin tener que recurrir a proveedores e intermediarios desconocidos y poco fiables, como ha ocurrido en esta ocasión.
Una mención especial merece la cuestión de las residencias de mayores, a las que apenas hemos prestado atención hasta ahora dando por supuesto que todo discurría en ellas con ‘normalidad’, pero que han adquirido un protagonismo trágico que obliga a tratar este asunto como uno de los temas prioritarios de nuestra agenda política. A la vista de los datos que se están conociendo estos días como consecuencia del repentino interés que ha suscitado el tema, resulta obligada la intervención de los poderes públicos para, en primer lugar, conocer mejor la situación en las residencias (que, al parecer, no se conocía suficientemente); y seguidamente, para poder adoptar las medidas que eviten que situaciones como las que se han dado vuelvan a reproducirse.
Si bien la cuestión no está planteada todavía abiertamente, aunque lo va a estar muy pronto cuando se consiga la vacuna para hacer frente a la Covid-19, la gestión de los fármacos con los que combatir la pandemia es un tema que no puede ser soslayado. Y hay que prever, a este respecto, las formas en las que va a darse la necesaria intervención en este asunto del Estado, que cuenta para ello con la suficiente cobertura legal y constitucional, con el fin de evitar que los intereses privados de las grandes corporaciones farmacéuticas, que no son precisamente modestas pymes, sean los que guíen la comercialización en exclusiva de estos fármacos; producto, en gran medida (cuando no en su totalidad), de la investigación realizada con fondos públicos.
Son todas ellas cuestiones que se están planteando en la actual situación de emergencia sanitaria y a las que es preciso ofrecer respuestas, que necesariamente han de darse en el marco y con los instrumentos que proporciona el Estado social del que nos hemos dotado en nuestra Constitución. Conviene recordarlo porque no solo este marco e instrumentos son los más idóneos para afrontar una crisis de las características de la que tenemos, sino que tampoco es posible hallar otros alternativos. En cualquier caso, la coyuntura crítica por la que atravesamos brinda una buena ocasión para hacer valer la utilidad del Estado social, a pesar de la devaluación de la que ha sido objeto en estos últimos tiempos, para poder afrontar los efectos devastadores de la crisis actual.
Es preciso advertir, para concluir, que no es indiferente cómo se aborden y qué respuesta se dé a las cuestiones reseñadas (como asimismo a todas las relacionadas con la actual crisis) ya que de ello depende la forma en que se desarrolle el complejo proceso de ‘desescalada’ que acabamos de iniciar. Y, sobre todo, de la capacidad que muestren las formaciones políticas para articular un amplio acuerdo plural en torno a esos temas y a los principales problemas (que no son pocos ni nada fáciles de solucionar) que la crisis sanitaria que estamos sufriendo ha desvelado. Esta es la única forma de llevar a buen fin la ‘desescalada’ sin peligro de despeñarse en ella; y también de poder establecer unas bases en las que asentar la ‘nueva normalidad’ en la poscrisis.