Kepa Aulestia-El Correo

El presidente de la comisión constituida en el Congreso de los Diputados para la Reconstrucción, Patxi López, se estrenó anteayer en su nueva tarea reconviniendo a los presentes frente al desacuerdo. Su sucesor en la Lehendakaritza, Iñigo Urkullu, se personó ayer ante la Diputación Permanente del Parlamento vasco convencido de que, en el fondo, la Cámara legislativa está vacía, y por ello han de convocarse elecciones autonómicas cuanto antes. El confinamiento ha generado un doble efecto pernicioso para la vida democrática. La consagración de aquello que dicte el poder ejecutivo como razón última frente a la pandemia, y la asimilación de toda discrepancia a la existencia de un ánimo perverso y de ‘fake’.

La explícita prohibición del desacuerdo por parte de López olvida que ningún acuerdo cobra relevancia si no parte de la existencia de posturas diversas, de posiciones críticas, e incluso de conductas aviesas respecto al interés común. La indisimulada pereza que siente el presidente Sánchez para dialogar con quienes pudiesen no estar conformes con él permite adivinar que la Comisión para la Reconstrucción está llamada a santificar las decisiones que adopte el Gobierno, que se revelarán las únicas posibles.

Por su parte, Urkullu parece desoír los reproches de quienes señalan que su disposición a hablar con los demás no es mayor que la que él echa en cara a Sánchez entre prórroga y prórroga del estado de alarma. Aunque, en su caso, la visión del Parlamento como una Cámara vacía le permita suponer que los demás grupos políticos dejaron de existir con su disolución, y que no volverán a hacerse presentes hasta que las elecciones de julio inauguren una nueva era.

Nunca los miembros del Ejecutivo central se habían referido tan insistentemente a esa institución como «el Gobierno de España», recreando el Estado que dejó de ser como era a partir de 1980.

La defensa casi ideológica del estado de alarma ha inducido otro efecto previsible. La reacción del autogobierno, obligado a demostrar que además del derecho le asiste la razón de poseer ideas propias sobre cómo desescalar. Para finalmente tener que admitir que Euskadi no tiene más remedio que pasar a la fase 1 del desconfinamiento a crédito: bajo el compromiso de fortalecer nuestro sistema sanitario en esos quince días en los que un brote de contagios podría volver a poner a prueba la asistencia hospitalaria.

El Covid-19 no ha respetado la singularidad de la autonomía vasca, hasta situarla entre las de régimen común.