Para que los demás sean prudentes hace falta que el Gobierno sea claro. No basta con pedir buen sentido y calma a la opinión pública y a los adversarios, que con Juanma Moreno al frente se han comportado con el ejercicio de responsabilidad y el espíritu de cooperación que requiere este momento dramático. Ahora es menester que la otra parte corresponda dando la cara de buena fe ante los ciudadanos con la transparencia y el rigor necesarios. Información honesta, sin escaqueos, sin encubrimientos, sin medias verdades, sin ambigüedad, sin secretismo táctico. Y sobre todo sin la voluntad oportunista de construir un relato que esconda la realidad o intente adaptarla a parámetros narrativos sesgados. Después de tantos y tan cercanos episodios de ocultación y engaño –pandemia, apagón, dana, negociaciones con delincuentes a cencerros tapados–, el crédito del presidente está agotado y su compromiso de «dar con la verdad» constituye un auténtico sarcasmo.

No parece, sin embargo, que ése sea por ahora el camino emprendido. A las dudas sobre las causas del siniestro de Adamuz, lógicas toda vez que la investigación técnica está aún en sus inicios, se han sumado las contradicciones de un ministro que tras insistir durante meses en el buen estado de las vías ha ordenado reducir la velocidad en la línea Madrid-Barcelona ante las advertencias de peligro lanzada por los maquinistas que hacen el recorrido. Ese mensaje de inseguridad es mucho más nítido que cualquier otra declaración del Ejecutivo, pero al reconocer el deterioro de la infraestructura revoca el empeño en demostrar que la catástrofe cordobesa es un «extraño» caso de azares sobrevenidos. El accidente de Gelida multiplica la sensación de caos en un sistema susceptible de sufrir dos descarrilamientos consecutivos. Y ya no es posible aplacar la razonable inquietud de la población con los eufemismos y vaguedades usuales en el lenguaje político.

La red ferroviaria padece una gravísima crisis de confianza. Una metáfora del problema general que la etapa sanchista ha provocado en el funcionamiento de las instituciones democráticas. El pregonado progreso del país es pura cháchara; salvo el aparato recaudador de la Agencia Tributaria no queda organismo oficial ni empresa pública –de la Fiscalía a la Seguridad Social, de Red Eléctrica a Correos, de RTVE a Renfe–, que no haya experimentado un retroceso de su fiabilidad o su eficacia. Las vigas del Estado están desgastadas por dejadez o incompetencia de una gobernanza centrada en la tarea (ésa sí muy profesional) de agitación y propaganda. Sobra colonización clientelar y corrupción, y falta esfuerzo inversor y estabilidad presupuestaria. Pero al menos la tragedia del domingo debería ser tratada con una seriedad a la altura de su importancia. En una sociedad desarrollada, el simple acto de viajar no puede convertirse en una aventura cotidiana.