DE cuantas infamias ha cometido este Gobierno a lo largo de su mandato, ninguna iguala en crueldad a la perpetrada con los enfermos de ELA; un colectivo de tres mil personas aquejadas de una patología implacable y letal, a quienes PSOE y Podemos se niegan a brindar auxilio, abocándolas al suicidio como únicavía de escape. Cuando el PP promete derogar el sanchismo, debería añadir una adenda a ese contrato que le obligue a resolver con carácter prioritario la injusticia feroz cometida contra esas gentes sacrificadas a mayor gloria de Frankenstein.

Hace ya un año y dos meses, el 8 de marzo de 2022, el Congreso aprobó una ley ELA destinada a reconocer la situación especial de esos enfermos y ofrecerles las ayudas indispensables para hacer frente a un mal despiadado, que va reduciendo su movilidad y limitando sus funciones vitales hasta condenarlos a depender de equipos técnicos y humanos tan especializados como costosos. El texto, presentado por Ciudadanos, fue respaldado por toda la Cámara, alcanzando el sí unánime de los diputados. Un sí engañoso y falaz, toda vez que el mismo día se abrió un plazo de enmiendas que habría debido vencer al cabo de pocas semanas y ha sido aplazado nada menos que en treinta y siete ocasiones, con la complicidad de toda la izquierda y la anuencia silente de la presidenta Meritxell Batet. Más de quinientos hombres y mujeres sentenciados por la terrible esclerosis lateral amiotrófica han fallecido a lo largo de esos meses a la espera de un socorro que finalmente no ha llegado. En algunos casos lo han hecho de manera natural y en muchos otros recurriendo a la eutanasia que algunos denominan de manera obscena «muerte digna», precisamente porque el Estado les negaba los medios para continuar viviendo con dignidad. ¿Cuántos más tienen que morir para que Sánchez y Díaz desbloqueen una tabla de salvación de la que dependen tres mil inocentes condenados a ahogarse lentamente?

Incluso conociendo de sobra la ínfima catadura moral de la que hacen gala los miembros del Ejecutivo, me cuesta comprender el porqué de esta inhumanidad. ¿Qué ganan ellos impidiendo la entrada en vigor de la ley? ¿A quién beneficia este ensañamiento? ¿Se trata simplemente de incuria, de ausencia de interés motivada por el escaso número de votos en juego, o hay algo más? De ser así, no se trata de dinero. La dotación económica necesaria para amparar a estos enfermos no llegaría a los doscientos millones de euros, cifra insignificante en un presupuesto que alcanza los doscientos sesenta y dos mil.

¿Estamos entonces ante un caso encubierto de eugenesia al más puro estilo nazi? ¿Es que prefieren la inyección letal a la investigación y los tratamientos como ‘solución’ expeditiva de esta patología hoy incurable? A tenor de su conducta, la respuesta ha de ser afirmativa. Y ese proceder tiene un nombre: desidia asesina.