No se trata solo del pasacalles en honor de un ex preso de ETA que se ha celebrado en Santutxu. Será la manifestación que mañana viernes tendrá lugar en Bilbao para exigir más acercamientos de los presos a Euskadi. Presos a los que se les despoja de su condición de terroristas para apellidarlos «vascos». Y será cuando se homenajee en Mondragón al sanguinario Parot el próximo 18 de setiembre si nadie lo impide. La mezcla de los ‘ongi etorri’ con las manifestaciones para dar otra vuelta de tuerca a la política penitenciaria del Gobierno de la Moncloa (están contentos con los acercamientos pero no lo suficiente) vuelve a poner en primera línea la exaltación de la trayectoria terrorista.

Desde EH Bildu, Sortu reivindica la libertad de los presos que siguen en las cárceles «por motivos políticos». Lo hizo ayer en un comunicado. Quienes piden el cumplimiento de sus condenas (no por motivos políticos, como dicen ellos, sino por haber matado o ayudado a matar a 856 ciudadanos) están «criminalizando» su causa. Eso es lo que piensan, haciéndose las víctimas y considerando «opresores» a quienes fueron perseguidos. La izquierda abertzale vuelve a quedar en evidencia por su nula voluntad de comportarse como un partido demócrata desde la legalidad de la que disfruta. Pero con el paso del tiempo, sin embargo, se va sintiendo más fuerte desde su condición de socio estable de La Moncloa.

Hace tan solo tres años el Parlamento vasco rechazó los homenajes a los excarcelados dejando aislado a EH Bildu en su cerrazón de seguir justificando los ‘ongi etorri’. El Parlamento consideró, entonces, que con ese tipo de actos se hacía una ostentación pública de los presos de ETA volviendo a provocar un doble sufrimiento en sus víctimas. Pero ahora Pedro Sánchez, que necesita a EH Bildu como socio necesario, le agradece su apoyo. ¿Consecuencias de esta situación? Menos exigencia democrática con quienes siguen justificando la trayectoria terrorista de ETA.

Disponemos de leyes que permiten poner freno a este atropello. La de reconocimiento y protección a las víctimas prevé que sean los delegados de gobierno quienes deben velar para que no se produzcan actos de humillación o desprecio. La de víctimas del Parlamento vasco, que emplaza a las autoridades públicas a proteger su dignidad. O el artículo 578 del Código Penal. Pero son inconcretas. La vía penal está prácticamente vacía de contenido y, si no hay voluntad política, las instituciones se pueden permitir cierta desidia interesada. El PP se rebela ante la «inacción» de las instituciones. Pero el delegado de Gobierno no puede prohibir este tipo de actos. Tan solo denunciarlos ante la Fiscalía, que es lo que ha hecho.

Otra cosa es la vía administrativa. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha propuesto varias reformas. Y el ministro Marlaska se comprometió, en febrero, a imponer sanciones administrativas a quienes permitan la celebración de los homenajes que la justicia ya no condena. Pero nadie sabe nada de ese borrador. Son nuevos tiempos sin ETA, sí. Pero, como denuncian las víctimas, sus presos son tratados como héroes. La necesidad de seguir gobernando con socios como EH Bildu no puede justificar la desidia a la hora de exigir el fin del blanqueamiento del terrorismo.