Editorial, LA VANGUARDIA, 8/12/11
EL Gobierno de Rodríguez Zapatero, en funciones, no podía despedirse de forma más desairada de Catalunya negándose a entregar al Govern los 759 millones de euros de la disposición adicional tercera del Estatut relativos al 2008. Un pago que corresponde a cuatro comunidades autónomas y que figura en los presupuestos del Estado de este año pero que, con el argumento de que falta dinero y que el Ejecutivo está en funciones, la ministra de Economía ha hecho llegar a la Generalitat que será el futuro Gobierno el que decida cuándo se hará efectivo.
El acuerdo del pago estatutario se tomó en febrero, en una reunión Zapatero-Mas, y fue corroborado en otras dos ocasiones por la ministra Salgado. Nunca se puso en cuestión esta transferencia. Pero el dinero no llegará y la Generalitat, que lógicamente contaba con él, puede tener dificultades de tesorería este fin de año, según informó ayer el conseller Mas-Colell. Incluso puede estar en el aire el pago a tiempo de las nóminas de los funcionarios. Mas-Colell afirma que el Gobierno central «lo hace para arreglar los números y para transferir déficits a las autonomías y dar la imagen internacional de que la irresponsabilidad es de las autonomías». De esta manera, el Estado puede tener acceso a créditos con un coste más bajo, lo que de ser cierto sería un grave caso de deslealtad institucional.
No es la primera vez que ocurre. El Gobierno de Zapatero se ha negado a transferir los 1.450 millones del fondo de competitividad, aunque en esta ocasión los 759 millones estaban contemplados presupuestariamente y su pago nadie había puesto en duda hasta ahora. La decisión de posponer una transferencia de esta cantidad –a tres semanas del cierre del año y con la precariedad de recursos existente– provoca graves desequilibrios en cualquier administración. El Govern ha reaccionado estudiando emprender acciones legales contra el Ejecutivo central, aunque las esperanzas de cobro se han esfumado de golpe.
En todo caso, el resultado es que el déficit de este año de Catalunya será 750 millones mayor de lo esperado, lo que afectará a la confianza internacional y encarecerá el crédito, y supone además una grave irresponsabilidad. «Cada día que pasa tenemos más incertidumbres de ingresos», se lamentó Mas-Colell en RAC1. El conseller atribuyó esta falta de seriedad en el cumplimiento de los compromisos institucionales al hecho de que no es Catalunya la que recauda los impuestos, sino el Estado, señalando tácitamente la necesidad de un pacto fiscal que resuelva estas situaciones.
Catalunya ha sido la comunidad que más en serio se ha tomado la necesidad de ser austera en el gasto y ha sido valiente al emprender la vía de los recortes que provocan, lógicamente, malestar entre los ciudadanos. Al Govern de Mas no le han dolido prendas a la hora de rebajar costes en personal e, incluso, ha emprendido acciones de enorme costo político en Salut y Ensenyament. La rebaja de un 10% en sus presupuestos de este año no ha tenido paralelo en ninguna otra comunidad española. Pero la responsabilidad política y de gestión que ha tomado la Generalitat no se ha visto correspondida por el Estado, que le ha venido negando el pan y la sal en transferencias que le correspondían. En unas semanas habrá nuevo Gobierno español. Es de esperar que el futuro presidente, Mariano Rajoy, entienda que la forma de salir de la crisis no es ahogando a una comunidad puntera, como es Catalunya.
Editorial, LA VANGUARDIA, 8/12/11